Investigación al Cuñado de Xiomara Castro: Colegio de Abogados Exige Agilidad

 
     

 

Investigación al Cuñado de Xiomara Castro: Colegio de Abogados Exige Agilidad

En Honduras, un escándalo que involucra al cuñado de la Presidenta Xiomara Castro ha generado una ola de críticas y exigencias de transparencia y justicia. El centro del controversial es un video que muestra a Carlos Zelaya, cuñado de la Presidenta Castro, en una reunión con narcotraficantes en 2013, lo que ha despertado serias acusaciones de corrupción y narcotráfico.

El Video y las Acusaciones

El video, publicado en septiembre de 2024, fue divulgado por la organización no gubernamental estadounidense InSight Crime. En las imágenes, se ve a Carlos Zelaya reunido con prominentes narcotraficantes hondureños, incluyendo miembros del cartel Los Cachiros. Durante la reunión, se discute la oferta de más de 500,000 dólares para financiar la campaña del partido Libertad y Refundación (Libre), al cual pertenece la Presidenta Castro[1][2][5].

Reacciones y Admisiones

Carlos Zelaya admitió haberse reunido con los narcotraficantes en 2013, aunque negó haber recibido el dinero ofrecido. Esta admisión llevó a su renuncia como secretario del Parlamento hondureño. Sin embargo, la gravedad de las acusaciones ha generado un clamor por una investigación exhaustiva y transparente[1][2][4].

Exigencias del Colegio de Abogados

El Colegio de Abogados de Honduras ha hecho un llamado público al Ministerio Público (MP) para agilizar la investigación sobre las negociaciones entre Carlos Zelaya y los narcotraficantes. Gustavo Solórzano, presidente del Colegio de Abogados, ha enfatizado la necesidad de una investigación seria y ha expresado su preocupación por la falta de avance en el caso, tres meses después de la publicación del video[2].

Implicaciones Políticas

El escándalo ha tenido profundas implicaciones políticas en Honduras. La Presidenta Xiomara Castro ha enfrentado críticas severas y exigencias de renuncia por parte del Consejo Nacional Anticorrupción y otros sectores de la sociedad. La titular del Consejo Nacional Anticorrupción, Gabriela Castellanos, ha solicitado formalmente la renuncia de la Presidenta Castro, argumentando que las serias acusaciones de narcotráfico contra su entorno familiar violan la confianza pública y los principios éticos que deben regir el desempeño de cualquier servidor público[1].

Tensión con Estados Unidos

El escándalo también ha afectado las relaciones entre Honduras y Estados Unidos. La Presidenta Castro decidió dar por terminado el tratado de extradición con EE.UU. en agosto de 2024, argumentando injerencias por parte de la diplomacia estadounidense. Esta decisión se produjo en un contexto de tensiones aumentadas, especialmente después de que la embajadora estadounidense en Tegucigalpa, Laura Dogu, cuestionara una reunión entre autoridades hondureñas y el sancionado ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López[1][2][4].

Contexto de Corrupción y Narcotráfico

Honduras ha enfrentado históricamente problemas de corrupción y infiltración del narcotráfico en la política. El video en cuestión es solo una parte de una narrativa más amplia que muestra la profundidad de la infiltración de los narcotraficantes en la clase política del país. InSight Crime ha resaltado que este vídeo es otra prueba de cómo el dinero del tráfico de drogas ha influenciado las campañas políticas y el funcionamiento del Estado hondureño[1].

Demanda de Justicia

La falta de progreso en la investigación ha generado frustración entre la población y los sectores que abogan por la justicia. La sociedad hondureña exige que se esclarezcan los hechos y se tomen medidas contra aquellos involucrados en actos de corrupción y narcotráfico. La instalación de una comisión antimafia, prometida por la Presidenta Castro, sigue estancada, lo que ha aumentado las dudas sobre la voluntad del gobierno de abordar estos problemas de manera efectiva[3].

En resumen, el escándalo surrounding al cuñado de la Presidenta Xiomara Castro ha sacudido la política hondureña y ha puesto en relieve la necesidad urgente de una investigación transparente y justicia. La presión sobre el gobierno para actuar con rapidez y transparencia continúa creciendo, mientras la opinión pública espera que se tomen medidas concretas para abordar la corrupción y el narcotráfico en el país.

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