Impacto del COVID-19 en Honduras: Economía y Salud en 2025
Economía Hondureña Post-Pandemia
A cinco años de la pandemia de COVID-19, la economía de Honduras sigue enfrentando significativos desafíos. La pandemia dejó una huella profunda en el país, exacerbando problemas estructurales y desigualdades económicas y sociales preexistentes.
La economía hondureña no ha logrado recuperar completamente los empleos perdidos durante la pandemia. De acuerdo con expertos, el país aún depende en gran medida de las remesas enviadas por hondureños residentes en el extranjero, especialmente en Estados Unidos. En 2020, las remesas familiares aumentaron en un 3.9% respecto al mismo período de 2019, alcanzando los 5,736.6 millones de dólares, a pesar del impacto de la COVID-19 en la economía estadounidense[1].
El crecimiento económico de Honduras ha sido desigual y lento. En 2021, la actividad económica se recuperó con un crecimiento del 12.5%, impulsado por el flujo de remesas y el desempeño favorable de sus principales socios comerciales. Sin embargo, en 2023, el crecimiento del PIB se desaceleró a un 3.6%, y se proyecta que esta tendencia continúe en el futuro cercano, con tasas del 3.5% en 2024 y el 3.4% en 2025[5].
Desafíos Estructurales y Sociales
Honduras es uno de los países más pobres y desiguales de América Latina y el Caribe. Casi la mitad de su población vive con menos de $5 al día, y el 81% de la población enfrenta problemas de empleo y ingresos como consecuencia del impacto de la pandemia[2].
- Pobreza y Desigualdad: La pobreza en Honduras alcanzó al 51.9% de la población en 2023, ligeramente inferior al 52.4% en 2022, pero aún por encima de los niveles pre-pandémicos[5].
- Empleo Informal: Cuatro de cada cinco trabajadores pertenecen al sector informal, lo que agrava la inestabilidad laboral y la falta de protección social[2].
- Migración: La pandemia y los huracanes Eta e Iota intensificaron los desafíos económicos y sociales, provocando una aceleración en la migración[2].
Salud Pública: Retos Persistentes
La salud pública en Honduras sigue siendo un área crítica que requiere atención urgente. La pandemia de COVID-19 puso de relieve la fragilidad del sistema sanitario del país.
- Mortalidad y Contagios: La pandemia dejó más de 11,120 muertos y alrededor de 473,179 contagios en Honduras, según cifras oficiales[1].
- Secuelas de Salud: Muchas personas que sobrevivieron a la enfermedad aún tienen secuelas en su salud, lo que ha saturado los centros sanitarios con casos relacionados con la COVID-19[1].
- Inversión en Salud: La inversión del gobierno en salud es del 3% del PIB, muy por debajo de la recomendación de la OMS de un 6% del PIB. Esto ha llevado a una escasez de recursos y una mala gestión del sistema de salud[4].
Recomendaciones y Oportunidades
Para abordar estos desafíos, se han propuesto varias recomendaciones y estrategias:
- Inversión en Educación y Salud: Es crucial aumentar la inversión en educación y salud para mejorar la calidad de vida de la población. La oficial de Oxfam, Leana Corea, abogó por un “verdadero pago” de los ingresos fiscales para que el Estado pueda invertir más en estos sectores[1].
- Reforma de la Estructura Productiva: Se demandan cambios en la estructura productiva con enfoques progresistas y democráticos, que permitan una inserción selectiva del país en los mercados internacionales y brinden oportunidades de empleo sostenibles[3].
- Gestión de la Salud Pública: Mejorar la eficiencia del sistema de salud, asignar recursos suficientes según estándares internacionales, y implementar estrategias para reducir la mora quirúrgica y mejorar la gestión de los pacientes son medidas urgentes[4].
Perspectivas Futuras
Aunque el panorama es desafiante, hay esperanzas de mejora a largo plazo. Se espera que el crecimiento del PIB se fortalezca gradualmente a partir de 2026, respaldado por condiciones globales más favorables y una inversión dinámica, tanto pública como privada[5].
La agenda del nuevo gobierno en Honduras debe ser compatible con un cambio de matriz productiva que incluya criterios de sustentabilidad ambiental y reivindicación de derechos. Este es un momento histórico para implementar cambios estructurales que puedan llevar al país hacia un desarrollo económico y social más equitativo y sostenible[3].
