Finanzas demanda a Radio Cadena Voces por uso de recursos del Estado
La Secretaría de Finanzas de Honduras (Sefin) ha anunciado una demanda contra Radio Cadena Voces debido a una publicación que cuestiona el uso de recursos del Estado, según un comunicado emitido por la secretaría.
Detalles de la Demanda
La demanda se centra en una publicación de Radio Cadena Voces que supuestamente contiene información inexacta y difamatoria sobre la gestión de fondos públicos. Sefin afirmó que la radiodifusora ha hecho acusaciones infundadas respecto a las transferencias de fondos realizadas por el gobierno, específicamente mencionando millonarias transferencias de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y la Red Solidaria a Banadesa.
- Transferencias cuestionadas: La secretaría confirmó que hubo transferencias significativas, pero aseguró que estas se realizaron de acuerdo con las normas y procedimientos legales establecidos.
- Uso legítimo de fondos: Sefin sostuvo que los fondos fueron utilizados para programas y proyectos que benefician a la población, y que cualquier insinuación de malversación de fondos es falsa y perjudicial.
- Procedimientos legales: La secretaría indicó que seguirá los procedimientos legales adecuados para defender su reputación y la integridad de sus procesos financieros.
Contexto de la Libertad de Prensa en Honduras
La decisión de Sefin de demandar a Radio Cadena Voces se inserta en un contexto más amplio de tensiones entre el gobierno y los medios de comunicación en Honduras. Históricamente, los medios hondureños han enfrentado various formas de censura y presión, especialmente durante y después del golpe de estado de 2009.
- Censura y autocensura: Durante el mandato del presidente Manuel Zelaya y en los años siguientes, los medios de comunicación enfrentaron presiones directas e indirectas para alinearse con las autoridades. Esto incluyó la negación de acceso a la información pública, pagos a periodistas individuales y la negación de contratos de publicidad oficial a aquellos medios que no se ajustaban a la línea del gobierno[2][5].
- Presiones sobre radios comunitarias: Las radios comunitarias, como Radio Marcala, Radio Progreso, Radio Duruguti y Radio Uno, han sido particularmente vulnerables a estas presiones. Han recibido visitas de inspección, cortes de luz, y han sido impedidas de contratar personal extranjero o de realizar campañas educativas que pudieran ser consideradas críticas a las autoridades o a ciertos sectores económicos[2][5].
Implicaciones para la Libertad de Expresión
La demanda contra Radio Cadena Voces plantea preocupaciones significativas sobre la libertad de expresión y el derecho a la información en Honduras. La capacidad de los medios para investigar y reportar sobre el uso de fondos públicos es crucial para la transparencia y la rendición de cuentas.
- Restricciones a la libertad de prensa: La acción legal puede ser vista como una forma de intimidación que busca silenciar a los medios críticos. Esto puede llevar a una mayor autocensura entre los periodistas y comunicadores, limitando así la diversidad de voces y perspectivas en el debate público[5].
- Protección de los medios: Es esencial que el Estado y los dueños de los medios de comunicación adopten medidas para garantizar la protección y asistencia oportuna y eficaz a los periodistas y medios de comunicación, permitiéndoles cumplir con su trabajo sin temor a represalias o amenazas[5].
Reacciones y Desarrollos Futuros
La reacción de la comunidad mediática y de los defensores de los derechos humanos es crucial en este momento. Se espera que organizaciones de derechos humanos y asociaciones de periodistas tomen postura sobre la demanda y su impacto en la libertad de expresión.
- Apoyo a la prensa independiente: Es importante impulsar un debate sobre el valor de un periodismo independiente, profesional y objetivo en la sociedad hondureña. Esto incluye propiciar la articulación entre periodistas y organizaciones de derechos humanos para defender la libertad de prensa y la transparencia gubernamental[5].
- Seguimiento legal: La demanda será seguida de cerca por observadores nacionales e internacionales, quienes estarán atentos a cómo se desarrolla el caso y cómo afecta la libertad de expresión en el país.
La situación continúa siendo un tema de gran relevancia y tensión en Honduras, y su evolución será crucial para entender el estado actual de la libertad de prensa y la transparencia gubernamental en el país.
