El alarmante vínculo entre violencia doméstica y feminicidios
En Honduras, la violencia doméstica y los feminicidios continúan siendo una de las principales preocupaciones para las defensoras de los derechos de las mujeres. Los datos recientes revelan un vínculo alarmante entre estos dos fenómenos, destacando la urgencia de implementar medidas efectivas para combatir esta problemática.
La magnitud de la violencia doméstica
Durante el primer mes de 2025, el Distrito Central de Honduras registró más de 200 denuncias por violencia doméstica, según datos del Ministerio Público. Esta cifra forma parte de un patrón más amplio, donde a nivel nacional se contabilizaron más de 600 denuncias por este tipo de violencia[2].
La violencia doméstica en Honduras no se limita al maltrato físico; también incluye violencia psicológica, sexual y patrimonial. La oficial de comunicación del Ministerio Público, Yulissa Gómez, destacó que estas denuncias no se catalogan como delitos, sino como faltas que son sancionadas con penas de corta duración, con el objetivo de prevenir futuros delitos contra las mujeres[2].
El vínculo con los feminicidios
Las estadísticas indican que una proporción significativa de los casos de violencia doméstica pueden terminar en feminicidios. En enero de 2025, Honduras registró más de 20 muertes violentas de mujeres, con cifras que varían según la fuente: 23 muertes según la Comisión Interinstitucional de Seguimiento a las Investigaciones de Muertes Violentas de Mujeres y Femicidios (CISMVMF), 25 según el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional de Honduras, y 17 según la Policía Nacional a través del Sistema Policial en Línea (SEPOL)[1].
Los departamentos de Olancho y Yoro se destacan como los más violentos para las mujeres, con seis y cuatro muertes violentas respectivamente durante enero de 2025. Esta violencia es parte de una tendencia persistente; entre enero y diciembre de 2024, un total de 239 mujeres fueron asesinadas de forma violenta, lo que equivale a una muerte cada 35 horas y 5 minutos[4].
La impunidad y la falta de respuesta estatal
La impunidad es un factor crítico que perpetúa la violencia contra las mujeres en Honduras. Según Suyapa Martínez, directora del Centro de Estudios de la Mujer, más del 95% de los casos de feminicidios quedan sin justicia. Esto se refleja en la falta de acciones contundentes por parte del Gobierno para abordar esta problemática y en la escasez de recursos destinados a las instituciones que trabajan en favor de las mujeres[5].
Las organizaciones feministas han señalado que la cultura de la denuncia no es tan familiarizada en el país, lo que contribuye a la subnotificación de los casos de violencia. A pesar de los esfuerzos para judicializar los casos, las instituciones que deberían proteger a las mujeres a menudo las abandonan, dejando a las víctimas sin la protección y justicia que necesitan[2][5].
Esfuerzos y propuestas para combatir la violencia
Para abordar esta crisis, se han propuesto varias medidas. La Ley de Alerta Morada, por ejemplo, es una iniciativa que busca responder a la crisis de desapariciones de mujeres y niñas en Honduras, con una perspectiva de género. Lara Bohórquez, feminista y coordinadora del Observatorio del Centro de Derechos de Mujer (CDM), enfatizó la necesidad de especialistas en la búsqueda de personas desaparecidas y de estrategias para avanzar en la investigación y prevención de la violencia[1].
Además, se han realizado operaciones específicas para combatir la violencia doméstica y los delitos contra las mujeres. La Fiscalía Especial de Protección a la Mujer llevó a cabo la operación “Ester” en 2025, presentando 300 requerimientos fiscales por delitos como maltrato familiar, violación y trato degradante. Estas operaciones incluyeron detenciones y requerimientos de orden de captura en varios departamentos del país[4].
La necesidad de sensibilización y políticas públicas
La sensibilización de la población y la implementación de políticas públicas son clave para cambiar la dinámica de la violencia de género en Honduras. Las defensoras de los derechos de las mujeres han exigido la aprobación de leyes como la Ley Integral contra la violencia hacia las mujeres y la Ley Alerta Morada, así como el reglamento de la Ley para la protección de las mujeres en contextos de crisis humanitarias y desastres naturales[5].
Wendy Cruz, representante de la Vía Campesina, resaltó la importancia de promover relaciones basadas en el respeto y la igualdad, y de exigir políticas públicas que garanticen los derechos de las mujeres. La protesta de cien mujeres en Tegucigalpa el 7 de marzo de 2025, con motivo del Día Internacional de la Mujer, fue un llamado a la acción para abordar esta problemática de manera urgente y efectiva[5].
En resumen, el vínculo entre la violencia doméstica y los feminicidios en Honduras es alarmante y requiere una respuesta inmediata y sostenida. La impunidad, la falta de recursos y la cultura de la denuncia son desafíos significativos, pero con esfuerzos concertados y políticas públicas adecuadas, es posible avanzar en la protección y justicia para las mujeres.
