Juicio del “gringo” Gary Lee: Lo que debes saber
Detalles del Caso y Acusaciones
El juicio oral y público contra Gary Lee Johnston, un ciudadano estadounidense de 68 años, está programado para iniciarse el martes 7 de enero de 2025 en el Tribunal de Sentencia con Competencia Nacional en Materia de Medio Ambiente, Corrupción y Criminalidad Organizada en Tegucigalpa, Honduras. Johnston es acusado de varios delitos graves, incluyendo trata de personas agravado en modalidad de explotación sexual comercial y pornografía infantil[1][3][5].
Johnston fue capturado el 29 de agosto de 2022 durante una operación en su residencia en Roatán, Islas de la Bahía, donde fue encontrado con una menor de 16 años y otro adulto. Las autoridades encontraron evidencias incriminatorias, como videos que mostraban a Johnston manteniendo intimidad con menores de edad, más de 30 celulares y juguetes sexuales[1][3].
Vinculación con la Desaparición de Angie Peña
Una de las acusaciones más graves contra Johnston es su posible vinculación con la desaparición de Angie Peña, una joven hondureña que desapareció a inicios de 2022 en Roatán. Durante el allanamiento a la residencia de Johnston, se encontraron aretes y un traje de baño que pertenecían a Peña, lo que sugiere una conexión directa entre Johnston y su desaparición. La Policía Nacional ha aumentado la recompensa por información útil para localizar a Peña, quien hasta la fecha sigue sin ser encontrada[1][2][4].
Proceso Judicial y Detención
Después de su captura, Johnston fue enviado al centro penal de El Progreso, Yoro, donde permanece detenido mientras se lleva a cabo el proceso penal. A pesar de que ofreció pagar 40 mil dólares de fianza para defenderse en libertad, el juez se negó y decretó su detención judicial[2][3].
El caso ha sido manejado con secretividad para proteger la identidad de las víctimas menores de edad y evitar interferir en las investigaciones en curso. La Fiscalía Regional del Norte en San Pedro Sula, específicamente la Unidad Contra la Trata Explotación Sexual Comercial y Tráfico de Personas (UTESCTP), ha estado a cargo de las investigaciones y presentación de acusaciones[1][2][3].
Reacciones y Controversias
Organizaciones feministas y de derechos humanos han expresado su preocupación y exigencia de justicia en este caso, destacando que no debe haber impunidad para extranjeros que cometen delitos en Honduras. La subsecretaria de Seguridad, Semma Julissa Villanueva, ha mencionado la existencia de una red institucional que protege casos de trata de personas en Roatán, una red criminal que se estableció hace más de una década[2].
Pruebas y Declaraciones
Durante las audiencias previas, se presentaron declaraciones de víctimas y se realizaron inspecciones que forman parte de las pruebas. Una menor de 17 años declaró que mantenía una relación con Johnston desde hacía siete meses y que nunca estuvo obligada a tener relaciones sexuales con otras personas. Sin embargo, esta declaración no descarta las acusaciones de trata de personas y explotación sexual comercial, ya que otras evidencias y testimonios siguen siendo relevantes en el caso[4].
Calendario del Juicio
El juicio oral y público se desarrollará del 7 al 10 de enero de 2025. Este período será crucial para la presentación de pruebas, declaraciones de testigos y la defensa del acusado. La comunidad y las organizaciones de derechos humanos están atentas a los desarrollos de este caso, esperando que se haga justicia y se esclarezcan los hechos relacionados con la desaparición de Angie Peña y la explotación de menores[1][3].
Contexto e Impacto
El caso de Gary Lee Johnston resalta la gravedad de la trata de personas y la explotación sexual comercial en Honduras, especialmente en zonas turísticas como Roatán. La colaboración entre las autoridades hondureñas y organizaciones internacionales es crucial para combatir estas redes criminales y proteger a las víctimas. Este juicio no solo busca justicia para las víctimas directas, sino también enviar un mensaje claro contra la impunidad y la corrupción que permite que estos delitos prosperen[2][3].
El seguimiento de este caso será importante para entender cómo las autoridades hondureñas manejan casos de trata de personas y explotación sexual, y cómo se garantiza la justicia para las víctimas y sus familias. La transparencia y la eficacia en el proceso judicial serán clave para restaurar la confianza en el sistema de justicia del país.
