La Corrupción: Amenaza a Instituciones y Confianza Ciudadana
La corrupción en Honduras continúa siendo un tema crítico que afecta profundamente las instituciones del país y la confianza de la ciudadanía. Recientemente, el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2024, publicado por Transparencia Internacional, reveló un deterioro en la puntuación de Honduras, pasando de 23 a 22 puntos, aunque manteniendo su posición en el puesto 154 a nivel global[1].
Factores que Contribuyen al Deterioro
Several factores están detrás de este empeoramiento en la percepción de la corrupción en Honduras.
Falta de Avances en la Lucha Contra la Corrupción
La falta de resultados tangibles en la lucha contra la corrupción es uno de los principales motivos de esta caída. A pesar de las promesas y esfuerzos declarados, no se han logrado avances concretos en la derogación de leyes que obstaculizan la lucha contra la corrupción ni en la aprobación de reformas clave para fortalecer el marco normativo en esta área[1].
Persistencia de Estructuras de Impunidad
La concentración de poder en instituciones clave, la debilidad del sistema judicial y la cooptación de entidades fiscalizadoras continúan limitando la lucha efectiva contra la corrupción. El Ministerio Público y el Poder Judicial aún no han tomado acciones contundentes contra redes de corrupción de alto nivel, perpetuando un sistema de impunidad que socava la confianza ciudadana y la credibilidad en el Estado de derecho[1].
Retraso en la Instalación de la CICIH
La creación e instalación de la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (CICIH) ha sido lenta y carente de claridad sobre su implementación. A pesar de la prórroga del Memorándum de Entendimiento hasta junio de 2025, el progreso en el establecimiento de la CICIH sigue siendo lento. La CICIH es vista como un mecanismo clave en la lucha anticorrupción y el fortalecimiento institucional, pero su retraso ha impactado negativamente la confianza a nivel nacional e internacional[1][5].
Impacto en la Confianza Ciudadana y las Instituciones
La corrupción tiene un impacto devastador en la confianza ciudadana y en el funcionamiento de las instituciones.
Desconfianza en las Instituciones
La corrupción afecta considerablemente la confianza ciudadana sobre la democracia, el Estado y los partidos políticos. Según estudios, la confianza en el Poder Judicial es apenas del 25%, en el Poder Ejecutivo del 25%, en el Poder Legislativo del 21%, en el organismo electoral del 18% y en los partidos políticos solo del 13%[2].
Percepción de la Gobernanza
La percepción sobre el tipo de gobernanza en Honduras también se ve afectada. Solo un 21.4% de la población considera que el país es democrático, y solo el 34% afirma que prefiere la democracia sobre otro tipo de gobierno. Esto refleja una profunda desconfianza en la capacidad del Estado para gobernar de manera justa y transparente[2].
Consecuencias Económicas y Sociales
La corrupción no solo afecta la confianza institucional, sino que también tiene graves consecuencias económicas y sociales.
Costo Económico
El costo económico de la corrupción es significativo. Se estima que la corrupción impacta anualmente en la pérdida de 22 mil millones de lempiras (aproximadamente 894 millones de dólares), lo que representa el 4.5% del Producto Interno Bruto (PIB) o más del 10% del Presupuesto General de la República[2].
Impacto en la Salud y la Educación
La corrupción también afecta directamente la calidad de los servicios públicos esenciales como la salud y la educación. El saqueo del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) entre 2010 y 2014, por ejemplo, resultó en la muerte de 2,800 pacientes debido a la ausencia de presupuesto para su atención médica[2].
Desigualdad y Pobreza
La corrupción profundiza las brechas de desigualdad y pobreza. En Honduras, el 64% de la población vivía por debajo de la línea de la pobreza en 2023, y el 41.5% en pobreza extrema. La desigualdad de ingresos es una de las más altas en América Latina, con un índice de Gini de 0.51 en 2023[3].
Retos para el Futuro
Para mejorar la situación, es crucial abordar los retos estructurales y políticos que perpetúan la corrupción.
Instalación de la CICIH
La instalación efectiva de la CICIH es fundamental. Esta comisión debe tener la independencia y autonomía necesarias para procesar casos de forma independiente, investigar casos de alto perfil, proponer cambios legislativos y capacitar a funcionarios hondureños para reforzar la lucha contra la corrupción[3][5].
Reformas Legislativas
Es indispensable aprobar reformas legislativas clave y derogar leyes que obstaculizan la lucha contra la corrupción. La aprobación de la Ley de Colaboración Eficaz y la derogación de artículos como los del Decreto 04-2022, conocida como la “Ley de Amnistía”, son pasos necesarios para fortalecer el marco normativo anticorrupción[1][5].
Depuración de Candidaturas
La depuración efectiva de las candidaturas a cargos de elección popular es crucial para evitar que el proceso electoral perpetúe la impunidad. Los partidos políticos deben tomar medidas para eliminar candidatos con antecedentes de corrupción, conflicto de intereses o vínculos con el crimen organizado[1].
La lucha contra la corrupción en Honduras requiere un compromiso sólido y acciones contundentes por parte del gobierno, las instituciones y la sociedad civil. Sin estos esfuerzos, la percepción negativa sobre la corrupción puede profundizarse, afectando aún más la confianza ciudadana y el desarrollo del país.
