Alertan y frustran planes de masacres en cárceles de Honduras
En el marco de una escalada de violencia y descontrol en el sistema penitenciario hondureño, las autoridades y observadores de derechos humanos han alertado sobre posibles planes de masacres en las cárceles del país. Esta situación se enmarca en un contexto de intensa lucha contra las pandillas y la inseguridad generalizada.
La Crisis en el Sistema Penitenciario
La crisis en las cárceles de Honduras se ha exacerbado en los últimos meses, especialmente después de una masacre ocurrida en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social en Támara, donde 46 mujeres privadas de la libertad perdieron la vida a manos de miembros de la pandilla Barrio 18. Este incidente fue el detonante para una serie de medidas drásticas implementadas por el gobierno de la Presidenta Xiomara Castro.
En respuesta a esta tragedia, el gobierno decidió transferir el manejo de las cárceles a la Policía Militar del Orden Público, un comando élite de las Fuerzas Armadas. Este cambio se produjo después de que las prisiones fueran administradas previamente por la Policía Nacional y el Instituto Nacional Penitenciario[1].
Operativos de Desarme y Seguridad
Los operativos de desarme y seguridad en las cárceles han sido intensificados, especialmente en módulos que albergan a reos peligrosos y miembros de pandillas. En la cárcel conocida como “La Tolva”, en el oriente de Honduras, un fuerte contingente de militares realizó un operativo para desarmar y pacificar las prisiones, donde la violencia y el autogobierno de las pandillas eran predominantes.
El Ministro de Defensa, José Manuel Zelaya, informó que se emitió un escrito que ordena la reubicación de reclusos cuando sea necesario, independientemente de su condición procesal o grado de peligrosidad. Además, se estableció que las autoridades pueden tomar cualquier medida oportuna para evitar incidentes entre la población penitenciaria[1].
Estado de Excepción y Medidas de Seguridad
Desde el 6 de diciembre de 2022, Honduras ha estado bajo un estado de excepción en varios barrios de Tegucigalpa y San Pedro Sula, como parte de un plan para combatir a los grupos criminales y la extorsión. Este estado de excepción ha sido extendido varias veces y se ha implementado en 158 de los 298 municipios del país. La medida incluye la delegación de la seguridad pública a las fuerzas militares, lo que contrasta con las promesas electorales de la Presidenta Castro de abordar el crimen organizado con medidas anticorrupción y una aproximación de policía comunitaria[2].
Violencia y Extorsión Persistente
A pesar de las medidas de seguridad implementadas, la violencia y la extorsión siguen siendo problemas significativos en Honduras. Las pandillas, como Barrio 18 y Mara Salvatrucha (MS-13), mantienen una fuerte presencia en barrios y colonias, atemorizando a la población con crímenes atroces y cobro de extorsiones. La violencia en las cárceles, incluyendo riots y asesinatos, ha alcanzado niveles récord en 2023, lo que ha exacerbado las preocupaciones sobre la seguridad y los derechos humanos de los reclusos[2].
Impacto en la Población Civil
La persistente violencia entre grupos armados ha continuado afectando a los civiles. Aunque el gobierno ha reportado una disminución en el número de homicidios en 2023 comparado con 2022, la violencia relacionada con pandillas y extorsión sigue siendo alta. Los trabajadores del transporte, en particular, siguen siendo un grupo altamente vulnerable, ya que las pandillas los extorsionan para generar ingresos, amenazándolos o matándolos si no pagan el “impuesto de guerra”[2].
Medidas Controversiales y Preocupaciones por Derechos Humanos
La remilitarización de la seguridad pública y la gestión de las cárceles por parte de la Policía Militar del Orden Público han generado preocupaciones sobre las violaciones de los derechos humanos. Familiares de reclusos han denunciado maltratos y torturas infligidas a los presos después de la militarización de los centros penales. Además, el gobierno ha anunciado planes para construir una prisión de alta seguridad en las Islas del Cisne, lo que podría privar a los presos del contacto con sus familiares y abogados[2].
Desafíos y Perspectivas
A pesar de los esfuerzos del gobierno para controlar la violencia y la extorsión, los desafíos persisten. La competencia entre pandillas, la corrupción dentro del sistema penitenciario y la falta de una estrategia integral para abordar las raíces del crimen organizado siguen siendo obstáculos significativos. La necesidad de una aproximación más holística que incluya medidas de prevención, justicia restaurativa y apoyo a las comunidades afectadas es crucial para abordar la crisis de seguridad en Honduras de manera sostenible.
