Tres exempleados del Congreso en prisión por sustracción documental
En un desarrollo significativo en la lucha contra la corrupción en Honduras, tres exempleados del Congreso Nacional han sido ordenados a prisión preventiva debido a su implicación en la sustracción, destrucción, ocultamiento o inutilización de documentos oficiales. Esta decisión se tomó después de una exhaustiva investigación conducida por el Ministerio Público a través de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO).
Detalles de la Investigación
La investigación, que se llevó a cabo entre noviembre de 2021 y enero de 2022, reveló que los imputados, identificados como Carlos Roberto Avilez Moncada, exdirector financiero del Congreso Nacional; Cinthya Marcela Oyuela Brizzio, exgerente administrativa; y José Rolando Perdomo Cruz, expagador especial del departamento de Pagaduría, sustrajeron documentos críticos de los departamentos de Pagaduría, Contabilidad y Dirección Administrativa.
- Documentos Sustraidos: Los documentos incluyeron soportes contables, financieros y pagos, los cuales eran esenciales para evidenciar supuestas irregularidades cometidas durante el período 2018-2022.
- Métodos de Ocultación: Los imputados trasladaron estos documentos a viviendas particulares bajo el pretexto de protegerlos de la administración entrante (2022-2026), pero en realidad, su intención era destruirlos.
- Destrucción de Evidencia: Se encontró que una parte de la documentación fue quemada en una propiedad vinculada al exdirector financiero. Además, se descubrió que sellos y documentos pertenecientes a la Casa Presidencial también fueron destruidos.
Manipulación Digital
Además de la destrucción física de los documentos, la investigación reveló una manipulación sistemática de la evidencia digital.
- Manipulación de Discos Duros: Se concluyó que varios discos duros fueron manipulados, formateados y sustituidos para eliminar cualquier rastro de la información financiera.
- Transferencia de Información: Los acusados ordenaron la transferencia de información a dispositivos externos, como USB, e instalaron nuevos sistemas operativos con el fin de eliminar toda evidencia digital.
- Obstaculización de Investigaciones: Estas acciones fueron parte de un plan deliberado para obstaculizar futuras investigaciones y garantizar la impunidad de exfuncionarios que administraron fondos en ese poder del Estado.
Implicaciones Legales
La decisión de ordenar la prisión preventiva para los tres exempleados refleja la gravedad de los delitos cometidos y la determinación del sistema judicial hondureño de combatir la corrupción.
- Delitos Cometidos: Los imputados están acusados de los delitos de sustracción, destrucción, ocultación o inutilización de documentos en custodia, así como daños a datos y sistemas informáticos.
- Garantías de Imparcialidad: La acción penal en este caso busca asegurar que aquellos en quienes se deposita la confianza del pueblo no utilicen sus cargos para destruir evidencia de su mala gestión, manteniendo así la integridad del proceso judicial.
Repercusiones y Perspectivas
La prisión preventiva de estos exempleados del Congreso Nacional envía un mensaje claro sobre la intolerancia del Estado hacia la corrupción y la destrucción de evidencia.
- Mensajes de Autoridades: Las autoridades han dejado claro que la acción penal será implacable frente a cualquier intento de repetir estas prácticas nefastas, asegurando que no se conviertan nuevamente en escenarios de impunidad.
- Fortalecimiento Institucional: Este caso también resalta la necesidad de fortalecer las instituciones y garantizar que todos los poderes del Estado trabajen en armonía para prevenir y sancionar actos de corrupción.
La continuación de este proceso judicial será crucial para establecer precedentes en la lucha contra la corrupción en Honduras y para asegurar que la justicia se imparta de manera imparcial y efectiva.
