Luis Zelaya Exige Acción Contra Delitos Electorales en Honduras
En un movimiento significativo hacia la integridad electoral, el precandidato presidencial por el Partido Liberal, Luis Zelaya, ha solicitado una reunión con el Fiscal General de la República para abordar la necesidad de una acción decisiva contra los delitos electorales en Honduras. Esta iniciativa se enmarca en el contexto de las próximas elecciones programadas para marzo y noviembre de 2025.
La Importancia de la Unidad Especializada Contra Delitos Electorales
El Ministerio Público de Honduras ya había dado un paso crucial al activar la Unidad Especializada Contra Delitos Electorales (UECDE) en noviembre de 2024. Esta unidad, establecida por instrucciones del Fiscal General de la República, Johel Antonio Zelaya Álvarez, tiene como objetivo principal investigar y perseguir los delitos electorales que puedan afectar el proceso democrático del país[2].
La UECDE se enfocará en combatir una variedad de delitos, incluyendo:
- Compra de votos: Actos que involucran el intercambio de dinero o favores a cambio de votos.
- Falsificación de documentos electorales: Alteración o creación de documentos falsos relacionados con el proceso electoral.
- Alteración de resultados: Manipulación de los resultados electorales para favorecer a un candidato o partido.
- Coacción y amenazas electorales: Uso de la fuerza o amenazas para influir en la decisión de los votantes.
- Suplantación de identidad: Uso de identidades falsas para votar.
El Compromiso del Ministerio Público
El Ministerio Público ha sido claro en su postura: no tolerará ninguna acción que atente contra el proceso democrático. La Fiscalía ha asegurado que actuará para investigar, procesar y someter a la justicia a cualquier persona que cometa actos ilícitos antes, durante y después del proceso electoral, con el fin de proteger la voluntad popular[2].
La Solicitud de Luis Zelaya
Luis Zelaya, en su solicitud al Fiscal General, subraya la importancia de actuar contra los delitos electorales sin distinción partidaria. Este enfoque busca garantizar que el proceso electoral sea transparente y justo, y que todos los participantes sean tratados de manera igualitaria bajo la ley.
La solicitud de Zelaya se alinea con la preocupación generalizada sobre la integridad de los procesos electorales en Honduras. La historia del país ha mostrado casos de impunidad y falta de acción efectiva contra los delitos electorales, lo que ha erosionado la confianza en el sistema electoral[3][4].
Marco Legal y Justicia Electoral
La Constitución Política de Honduras y la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas (LEOP) establecen claramente que los delitos electorales son punibles y deben ser perseguidos por el derecho penal. La Constitución especifica que la acción penal por estos delitos es pública y prescribe en cuatro años. Además, la justicia ordinaria es la encargada de conocer y resolver estos casos sin distinción de fueros[4].
La UECDE, al operar bajo este marco legal, tiene la autoridad para investigar y presentar requerimientos fiscales en materia de delitos electorales. Esto incluye la aplicación de sanciones administrativas y pecuniarias, así como la imposición de penas según lo dispuesto en el Código Penal y la LEOP.
Desafíos y Retos
Aunque la activación de la UECDE es un paso positivo, el camino hacia una justicia electoral efectiva en Honduras no está exento de desafíos. La unidad enfrentará retos como la limitación de recursos y personal, problemas que han afectado a unidades similares en el pasado. La impunidad y la interferencia política en la justicia electoral también han sido obstáculos significativos en la lucha contra los delitos electorales[3][4].
En resumen, la solicitud de Luis Zelaya al Fiscal General para actuar contra los delitos electorales sin distinción partidaria es un llamado a la acción para proteger la integridad del proceso electoral en Honduras. Con la UECDE en funcionamiento y un marco legal claro, el país tiene la oportunidad de avanzar hacia elecciones más transparentes y justas. Sin embargo, es crucial abordar los desafíos institucionales y garantizar que la justicia sea efectiva y no selectiva.
