La Extradición en Honduras: Clave en la Campaña Electoral
En el escenario político hondureño, la extradición ha emergido como un tema crucial y controvertido, especialmente en el contexto de la campaña electoral que se avecina en 2025. La decisión del gobierno de la Presidenta Xiomara Castro de dar por terminado el tratado de extradición con Estados Unidos ha generado una oleada de reacciones y tensiones políticas.
La Decisión de Terminar el Tratado de Extradición
El 28 de agosto de 2024, el gobierno hondureño notificó a la Embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa su decisión de terminar el tratado de extradición bilateral, un acuerdo que tenía una historia de 114 años. Esta medida fue tomada después de que la embajadora estadounidense, Laura Dogu, expresara preocupaciones sobre una reunión entre autoridades de Defensa de Honduras y el sancionado ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López[2][3].
El canciller de Honduras, Eduardo Enrique Reina, justificó la cancelación del tratado argumentando que temían que este mecanismo fuera utilizado como una “arma política” para extraditar a funcionarios o militares de alto rango. Reina enfatizó que el tratado había sido utilizado durante mucho tiempo como una “herramienta política para influir en los asuntos internos del país”[2][3].
Reacciones de la Oposición
La oposición, representada por los partidos Nacional y Liberal, se declaró en alerta permanente tras la decisión del gobierno. Tomás Zambrano, jefe de la bancada del Partido Nacional, criticó duramente la medida, argumentando que el Partido Nacional había reformado la Constitución para permitir la extradición, a pesar de que esta había sido afectada por la extradición del expresidente Juan Orlando Hernández en abril de 2022. Hernández fue condenado a 45 años de cárcel en Nueva York por narcotráfico y el uso de armas[1].
Zambrano se comprometió a firmar de nuevo el tratado de extradición con Estados Unidos si ganaban las elecciones generales de 2025. El Partido Nacional también acusó al gobierno de intentar proteger a personas allegadas al poder, citando el caso de Carlos Zelaya, cuñado de la Presidenta Castro, quien admitió haber participado en una reunión con narcotraficantes en 2013[1].
Implicaciones y Controversias
La cancelación del tratado de extradición ha generado un revuelo en Honduras, con la oposición y analistas viendo la medida como un “retroceso” en la lucha contra el narcotráfico. La crisis se intensificó con la divulgación de un video que muestra a Carlos Zelaya negociando sobornos con narcotraficantes, lo que llevó a su renuncia y la del ministro de Defensa, José Manuel Zelaya, hijo de Carlos Zelaya[2].
La Presidenta Castro condenó la reunión de Carlos Zelaya con los narcotraficantes como un “error deplorable” y reiteró que no permitirían que la extradición se utilizara como instrumento de chantaje contra las fuerzas armadas. Sin embargo, esta situación ha exacerbado las tensiones políticas y ha llevado a manifestaciones en Tegucigalpa, donde cientos de hondureños exigieron la renuncia de Castro debido a los vínculos de su cuñado con el narcotráfico[2].
Diálogo Permanente con EE.UU. sobre Narcotráfico
A pesar de la cancelación del tratado de extradición, la ministra de Defensa de Honduras, Rixi Moncada, confirmó la disposición del país para mantener un “diálogo permanente” con Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico. Moncada, quien también es precandidata presidencial por el Partido Libertad y Refundación (Libre), subrayó que Honduras mantiene otros tratados que permiten mecanismos de extradición y que el gobierno está a favor de la extradición como herramienta en la lucha contra el narcotráfico, pero no permitirán su instrumentalización para el proceso electoral de 2025[2].
Impacto en la Campaña Electoral
La extradición se ha convertido en un tema central en la campaña electoral de 2025. El Partido Nacional y el Partido Liberal han criticado duramente la decisión del gobierno, argumentando que busca proteger a personas allegadas al poder y debilitar las instituciones. Por otro lado, el Partido Libre defiende su posición, asegurando que la medida es necesaria para evitar la instrumentalización política de la extradición y proteger la soberanía del país.
Las elecciones primarias están programadas para abril de 2025, y las elecciones presidenciales y del Congreso se celebrarán el 30 de noviembre del mismo año. La situación política es tensa, y el tema de la extradición continuará siendo un punto de disputa entre los partidos políticos en los meses venideros.
Preocupaciones y Cuestionamientos
- Protección de la Familia Zelaya-Castro: La oposición cuestiona si la cancelación del tratado es una estrategia para proteger a la familia Zelaya-Castro de la persecución penal por parte de la Fiscalía de Estados Unidos[1].
- Instrumentalización Política: El gobierno de Xiomara Castro argumenta que el tratado de extradición podría ser utilizado como una “arma política” para influir en los asuntos internos del país y desbaratar los planes electorales del Partido Libre[2][3].
- Lucha contra el Narcotráfico: La cancelación del tratado ha sido vista por muchos como un retroceso en la lucha contra el narcotráfico, un problema crítico en Honduras[2].
- Estabilidad Política y Electoral: La crisis ha intensificado las tensiones políticas y ha generado dudas sobre la estabilidad del proceso electoral de 2025[2][3].
En resumen, la extradición ha emergido como un tema clave y controvertido en el escenario político hondureño, influenciando significativamente la campaña electoral de 2025 y reflejando las profundas divisiones y tensiones políticas en el país.
