Futuro incierto de tres generales por asesinato de Isy Obed
Detención y Juicio de los Exjerarcas Militares
En una jornada marcada por la tensión y los enfrentamientos verbales, el general Romeo Vásquez Velásquez y dos otros ex altos cargos militares, Venancio Cervantes y Carlos Roberto Puerto Fúnez, comparecieron ante la justicia hondureña el viernes 10 de enero de 2025. Este juicio es un hito significativo en la búsqueda de justicia por los eventos trágicos que suivieron al golpe de Estado de 2009 en Honduras.
Vásquez Velásquez, quien encabezó el golpe de Estado que derrocó al presidente Manuel Zelaya el 28 de junio de 2009, se encuentra acusado junto con Cervantes, exsubjefe del Estado Mayor Conjunto, y Puerto Fúnez, excomandante del Comando de Operaciones Especiales, por los delitos de homicidio y lesiones graves contra los manifestantes Isy Obed Murillo y Alex Zavala, respectivamente[2][4].
Los Hechos del 5 de Julio de 2009
Durante una manifestación pacífica el 5 de julio de 2009, en las inmediaciones del aeropuerto capitalino de Toncontín, elementos del Ejército hondureño dispararon de manera indiscriminada contra los manifestantes que aguardaban el regreso de Manuel Zelaya desde Nicaragua. Isy Obed Murillo, de 19 años, perdió la vida tras recibir una bala en la cabeza, mientras que Alex Zavala sufrió graves lesiones a consecuencia de los disparos realizados por los militares[2][3].
La Fiscalía hondureña ha destacado que las acciones de los militares fueron “brutalmente indiscriminadas” y que se trató de “crímenes ejecutados por elementos de las Fuerzas Armadas bajo órdenes directas” de los acusados. Los militares utilizaron fusiles M16 de alto poder y grueso calibre contra ciudadanos que ejercían su derecho a manifestarse pacíficamente[2].
La Audiencia y las Reacciones
La audiencia inicial, celebrada en el Juzgado de Letras Penal de Tegucigalpa, estuvo marcada por la tensión. Un grupo de hondureños se reunió para presenciar el evento, mientras que simpatizantes de los partidos políticos Libre y del Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP) exigían justicia por la muerte de Isy Obed Murillo y otras víctimas del golpe de Estado. Estos manifestantes portaban banderas, pancartas y cruces con la imagen de Murillo como símbolo de su lucha por la justicia[3].
Por otro lado, una quincena de parientes y oficiales retirados acudieron en solidaridad con los acusados, lo que generó enfrentamientos verbales con los manifestantes que exigían justicia. La Policía Nacional de Honduras intervino para evitar que la situación se descontrolara[3].
Estado de Salud de Romeo Vásquez y Desarrollo de la Audiencia
Romeo Vásquez Velásquez se presentó al juzgado a pesar de haber sido hospitalizado de emergencia el día anterior por complicaciones de salud, incluyendo un cuadro de COVID-19 y una afectación en los pulmones. Su defensor legal, Dagoberto Aspra, denunció restricciones para visitar a su cliente y la presencia de personas sospechosas en el lugar[3].
La audiencia se suspendió temporalmente y se reanudó al día siguiente, dependiendo de los medios de prueba presentados. El juez deberá emitir una resolución que podría consistir en prisión preventiva o absolución. Los abogados de los acusados buscarán demostrar, a través de pruebas científicas, la ausencia de culpabilidad directa de sus defendidos, contraponiéndose a lo señalado en el requerimiento fiscal[3].
Cambios en el Requerimiento Fiscal
El portavoz del Ministerio Público, Yuri Mora, anunció que se solicitará reclasificar el homicidio de Isy Obed Murillo como asesinato y las lesiones graves contra Alex Zavala como tentativa de homicidio. Esta solicitud busca reflejar la gravedad de los delitos cometidos durante la represión de la manifestación[3].
Además, la coordinadora del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (Cofadeh), Berta Oliva, presentó una solicitud para ampliar el requerimiento contra el expresidente Roberto Micheletti, quien fue la máxima autoridad durante el golpe de Estado. Oliva argumentó que Micheletti pudo haber ordenado al general Romeo Vásquez Velásquez que detuviera el uso excesivo de la fuerza contra los manifestantes[3].
Reacciones y Perspectivas
La detención de los tres exjerarcas militares ha sido vista por muchos como un paso hacia la justicia y la lucha contra la impunidad. El ministro hondureño de Relaciones Exteriores, Enrique Reina, destacó que la detención es un acto de justicia y subrayó que la violación de derechos humanos es un acto criminal e imprescriptible[2].
Por su parte, Romeo Vásquez Velásquez denunció una “persecución política” en su contra, pero el fiscal general hondureño, Johel Zelaya, negó categóricamente la idea de que este proceso tenga motivaciones políticas, destacando la solidez de las pruebas contra el general golpista[2].
La oficina en Honduras del Alto Comisionado de la ONU para Derechos Humanos afirmó que esta causa constituye “un avance” en “el acceso a la justicia y la lucha contra la impunidad”, resaltando la importancia de que los responsables de violaciones de derechos humanos rindan cuentas por sus acciones[1].
El futuro de estos tres generales remains incierto mientras la justicia hondureña continúa evaluando las pruebas y las implicaciones legales de sus acciones. La sociedad hondureña y la comunidad internacional observan atentamente este proceso, esperando que se haga justicia por las víctimas del golpe de Estado de 2009.
