Extradición en riesgo: ¿se cancelará la denuncia?
El contexto de la denuncia del tratado de extradición
En agosto de 2024, la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, anunció la denuncia del tratado bilateral de extradición entre Honduras y Estados Unidos, una decisión que ha generado significativas tensiones y debates tanto a nivel nacional como internacional. Esta medida se tomó después de acusaciones de injerencia e intervencionismo por parte de los Estados Unidos, y se sumó a una serie de disputas diplomáticas, incluyendo la implicación de su cuñado, Carlos Zelaya, en un escándalo relacionado con el narcotráfico[2][3].
Impacto inmediato y vigencia del tratado
Aunque el tratado de extradición fue denunciado, sigue vigente hasta el 28 de febrero de 2025, según lo establecido en el artículo 14 del mismo, que permite a cualquiera de las partes dar por terminado el acuerdo con seis meses de anticipación. Durante este período, Honduras continuará procesando las solicitudes de extradición de Estados Unidos[2][3].
La ministra de Defensa de Honduras, Rixi Moncada, ha indicado que el país seguirá trabajando contra el crimen organizado y el narcotráfico, incluso sin el tratado. Sin embargo, ha dejado abierta la posibilidad de reactivar el tratado en 2026, siempre y cuando haya voluntad por parte de ambos países para negociar y analizar su continuidad[1][3].
Repercusiones y críticas
La decisión de denunciar el tratado ha sido ampliamente criticada por varios sectores de la sociedad hondureña y por autoridades internacionales. El exfiscal general y exsecretario de Defensa, Edmundo Orellana Mercado, ha advertido que esta medida podría tener graves repercusiones en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. Orellana argumenta que la extradición ha sido uno de los mecanismos más efectivos para desmantelar las estructuras del crimen organizado en Honduras y que su cancelación podría provocar un repunte de la actividad delictiva[2].
Efectos en la percepción internacional y la lucha contra el narcotráfico
La cancelación del tratado de extradición podría generar un efecto adverso en la percepción internacional de Honduras como un país comprometido en la lucha contra el crimen organizado. El informe antidrogas de 2024 del Departamento de Estado de Estados Unidos destacó la importancia de la cooperación entre ambos países en materia de seguridad, y la extradición fue considerada un ejemplo clave de esta colaboración[2].
Desde su implementación en 2012, el tratado de extradición ha permitido la entrega de más de 60 personas vinculadas al narcotráfico a las autoridades estadounidenses, incluyendo al expresidente Juan Orlando Hernández y al exministro de Seguridad Juan Carlos Bonilla, quienes fueron condenados por delitos de narcotráfico[1][2].
Reacciones y llamados a reconsiderar
Varios sectores de la sociedad hondureña, incluyendo la empresa privada y algunos políticos, han instado al gobierno a reconsiderar la decisión de denunciar el tratado. El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) ha enfatizado que la eliminación del tratado ha afectado seriamente la lucha contra el narcotráfico y ha pedido un plan claro y bien estructurado para enfrentar este desafío[3].
La presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Rebeca Ráquel Obando, y el Fiscal Adjunto del Ministerio Público, Marcio Cabañas, también han expresado la necesidad de retomar los diálogos sobre la extradición y de continuar con el proceso de entrega de hondureños que han cometido ilícitos de narcoactividad[3].
Posibles escenarios futuros
Aunque el gobierno de Xiomara Castro ha dejado claro que la decisión de denunciar el tratado es irreversible en el corto plazo, hay indicios de que podrían haber negociaciones para un nuevo tratado en el futuro. Rixi Moncada ha mencionado la posibilidad de reactivar el tratado en 2026, dependiendo de la voluntad de ambas partes para negociar y analizar su continuidad[1][3].
Además, algunos analistas sugieren que con el cambio de administración en Estados Unidos, podría haber un nuevo enfoque en la cooperación bilateral en materia de seguridad. El analista Kenneth Madrid ha especulado que con la administración de Donald Trump, se podría reanudar el Tratado de Extradición entre Honduras y Estados Unidos[3].
En resumen, la denuncia del tratado de extradición entre Honduras y Estados Unidos ha abierto un capítulo de incertidumbre en la cooperación bilateral en materia de seguridad, y su impacto continúa siendo un tema de debate y preocupación para various sectores de la sociedad hondureña y la comunidad internacional.
