Corte de Apelaciones confirma prisión preventiva a Gabriel Rubí
La Corte de Apelaciones de Honduras ha ratificado la medida de prisión preventiva contra Gabriel Rubí, el excomisionado de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), en un fallo emitido el 17 de febrero de 2025. Esta decisión se basa en las acusaciones de fraude y violación de los deberes de los funcionarios públicos, relacionadas con varias compras realizadas durante la emergencia del COVID-19 en 2020.
Acusaciones y Procesos Judiciales
Gabriel Rubí enfrenta múltiples procesos judiciales por su participación en varias transacciones cuestionables mientras ocupaba su cargo en Copeco. Las acusaciones incluyen:
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Compra de ventiladores mecánicos: Se le acusa de adquirir ventiladores que nunca funcionaron y no sirvieron para atender la emergencia del COVID-19. La Fiscalía Especial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP) detalló que Rubí, junto con otros exfuncionarios de Copeco, perjudicaron al Estado de Honduras por un monto de 63 millones 839 mil 377 lempiras con 80 centavos. Otros implicados en este caso son Lisandro Rosales, ex canciller de la República; Jessica Canahuati Farah, ex cónsul de Honduras en Nueva York; y varios exfuncionarios de Copeco como Cristian Elías Santelí Chavarría, Clara Lizeth Trejo Moncada y Alexis Yamil Peña Medina[2][3].
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Compra de percoladoras y otros electrodomésticos: Rubí también es acusado de la compra sobrevalorada de percoladoras y otros electrodomésticos que no eran esenciales durante la emergencia sanitaria. Las investigaciones indican que se simulaban negociaciones lícitas con empresas distribuidoras, pero en realidad se trataba de empresas de fachada. La diferencia entre el costo real y el pagado supera los cinco millones de lempiras[2].
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Compra de carpa móvil: Otro de los casos involucra la adquisición de una carpa móvil para el municipio de Villanueva, Cortés, que también se considera una transacción irregular[2].
Detalles de los Casos
En el caso de los ventiladores mecánicos, la Fiscalía presentó una carga de al menos 150 pruebas, destacando que los ventiladores adquiridos no tenían algunas piezas esenciales para su funcionamiento. Se estableció que Rubí y otros exfuncionarios manipularon el proceso de adquisición, realizaron transferencias bancarias sin la debida documentación y omitieron la recepción oficial de los ventiladores mediante actas de entrega[2].
Respecto a las percoladoras, la Unidad Nacional de Apoyo Fiscal (UNAF) presentó un requerimiento contra Rubí y otros exfuncionarios de Copeco, así como contra representantes legales de empresas de fachada. Se supone que estos individuos adquirieron productos sobrevalorados, violando la ley. Otros acusados en este caso incluyen a Gilberto Estévez Martínez, ex jefe de compras de Copeco; Cristian Elías Santeli Chavarría, ex director administrativo-financiero; y varios otros por fraude y usurpación de funciones públicas[2].
Medida de Prisión Preventiva
La medida de prisión preventiva fue dictada por un juez con jurisdicción nacional después de que Rubí se sometiera a varias audiencias en los Juzgados de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción en Tegucigalpa. La Corte de Apelaciones ha ratificado esta decisión, lo que significa que Rubí continuará en prisión en la Penitenciaria Nacional de Támara, en el valle del mismo nombre, en Francisco Morazán[1][3][5].
Impacto y Repercusiones
La confirmación de la prisión preventiva para Gabriel Rubí refleja la determinación del sistema judicial hondureño de abordar los casos de corrupción y malversación de fondos públicos, especialmente aquellos relacionados con la gestión de la emergencia del COVID-19. Estas acciones buscan restablecer la confianza en las instituciones públicas y garantizar que los responsables de actos de corrupción rindan cuentas por sus acciones.
La investigación y el procesamiento de estos casos también destacan la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión pública, especialmente en momentos de crisis cuando los recursos son escasos y la necesidad es urgente. La sociedad hondureña sigue de cerca estos desarrollos, esperando justicia y un uso adecuado de los fondos destinados a la protección y el bienestar de la población.
