Nicaragua: Procuradora General Recibe Distinción por Derechos Humanos
En un evento que ha generado significativa atención y controversia, la procuradora general de Nicaragua, Morales Urbina, ha sido condecorada por el Parlamento Centroamericano (Parlacen) con la distinción San Óscar Arnulfo Romero. Esta condecoración, otorgada el 16 de marzo de 2025, reconoce supuestamente su trabajo en la defensa de los derechos humanos en Nicaragua.
Contexto y Críticas
La condecoración llega en un momento en el que la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) de Nicaragua enfrenta severas críticas por su falta de independencia y eficacia en la protección de los derechos humanos. Desde el estallido de la crisis sociopolítica en abril de 2018, la PDDH ha sido acusada de ser cómplice de los crímenes cometidos por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Salvador Marenco, abogado y miembro del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, ha destacado que la PDDH no ha cumplido con su obligación de vigilar y proteger los derechos humanos, especialmente en lo que respecta a la integridad personal de las personas privadas de libertad, incluyendo a los presos políticos. La institución ha sido criticada por su inacción ante las denuncias de torturas en las cárceles del país, con casi 300 casos documentados por organismos de derechos humanos[1].
Deterioro de la Credibilidad
La credibilidad de la PDDH ha sido significativamente erosionada en los últimos años. En 2019, la institución fue degradada a la categoría “B” en la escala de la Alianza Global de las Instituciones Nacionales para la Protección de los Derechos Humanos debido a su falta de independencia y eficacia. Esta degradación se mantuvo en 2021, según un informe de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que resaltó la continua falta de credibilidad de la PDDH[1].
Complicidad con el Régimen
La PDDH ha sido acusada de legitimar la represión estatal a través de su silencio y inacción. Durante las protestas de 2018, la institución jugó un papel de complicidad con la represión, validando la violencia a través de una ‘Comisión de la Verdad’ que fue calificada como una farsa. Además, se ha documentado que la PDDH visitó cárceles con el objetivo de presionar a las víctimas para que modificaran sus denuncias y cambiaran su discurso en relación con la represión estatal[1].
Responsabilidades Actuales
Actualmente, el procurador especial de cárceles de la PDDH es Álvaro Osorio, quien también es responsable del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP). Sin embargo, Osorio nunca se ha pronunciado ante los numerosos casos de tortura documentados, lo que ha exacerbado las críticas hacia la institución[1].
Condecoración en Cuestión
La condecoración otorgada a la procuradora general Morales Urbina por el Parlacen, controlado por el régimen de Ortega, ha sido vista por muchos como un gesto político más que un reconocimiento genuino de su trabajo en defensa de los derechos humanos. Esta distinción contrasta con las severas críticas internacionales que la PDDH y sus funcionarios han recibido por su falta de acción efectiva en la protección de los derechos humanos en Nicaragua[5].
Actividades y Declaraciones Oficiales
A pesar de las críticas, la PDDH continúa realizando actividades que, según sus declaraciones oficiales, apuntan a la promoción y defensa de los derechos humanos. La institución participa en conversatorios, apoyo a comunidades y promoción de políticas educativas para personas con discapacidad, entre otras iniciativas. Sin embargo, estas acciones no han sido suficientes para revertir la percepción general de que la PDDH no cumple adecuadamente con su mandato[4].
En resumen, la condecoración a la procuradora general de Nicaragua por su supuesto trabajo en defensa de los derechos humanos es un tema complejo y controvertido, dado el contexto de críticas y acusaciones que rodean a la PDDH. La institución enfrenta un desafío significativo para recuperar su credibilidad y demostrar una verdadera dedicación a la protección y promoción de los derechos humanos en Nicaragua.
