
Honduras: Fiscales buscarán pruebas de narcopolíticos en EE. UU.
En un esfuerzo por combatir la corrupción y el narcotráfico en Honduras, el Fiscal General de la República, Johel Zelaya, anunció recientemente que un equipo de fiscales viajará a Estados Unidos para recopilar información crucial sobre la implicación de políticos hondureños en actividades de narcotráfico.
La Misión de Investigación
Zelaya detalló que esta misión se centra en recopilar datos relacionados con la mención de políticos hondureños durante el juicio del exdiputado Midence Oquelí Martínez Turcios, quien se encuentra enjuiciado en la Corte del Distrito Sur de Nueva York por acusaciones de narcotráfico y colaboración con el cartel de Los Cachiros. Martínez fue extraditado a Estados Unidos en 2022 y se declaró culpable de cargos relacionados con el tráfico de drogas el 9 de agosto de 2024[1][2].
La investigación busca abrir una nueva línea de indagación para conocer la verdad sobre los hechos mencionados por hondureños enjuiciados por narcotráfico en Estados Unidos. Este esfuerzo es parte de una estrategia más amplia para combatir la corrupción y los delitos del narcotráfico en Honduras, donde el dinero proveniente de actividades ilícitas ha sido utilizado para influir en la elección de altos cargos en el país.
El Caso de Midence Oquelí Martínez Turcios
El juicio contra Midence Oquelí Martínez Turcios es un caso significativo en la lucha contra el narcotráfico y la corrupción en Honduras. Martínez, un exdiputado hondureño, está acusado de participar en una conspiración para importar sustancias controladas a Estados Unidos, así como de fabricar y distribuir estas sustancias. Durante el proceso judicial, los fiscales buscan demostrar su participación en actividades de narcotráfico y en sobornos a políticos hondureños para garantizar la protección de las operaciones del cartel[1][2].
Implicaciones Políticas
La investigación también aborda las profundas implicaciones políticas del narcotráfico en Honduras. El país ha sido sacudido por la narcopolítica, con vínculos directos entre políticos y narcotraficantes. El expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, es un ejemplo notable, ya que ha enfrentado acusaciones de narcotráfico y colaboración con carteles de la droga. Fiscales federales de Estados Unidos han presentado pruebas, incluyendo “narcolibretas” que detallan pagos a políticos y funcionarios hondureños, lo que podría ser crucial en el juicio contra Hernández[4][5].
Las ‘Narcolibretas’ como Pruebas
Las “narcolibretas” son un elemento clave en las investigaciones actuales. Estas libretas, pertenecientes a un narcotraficante conocido como Nery Orlando López Sanabria (también conocido como Magdaleno Meza), contienen registros de cada pago realizado a políticos y funcionarios hondureños. Estos documentos fueron decomisados en un operativo de la Policía Militar en 2018 y han sido presentados como pruebas en el juicio contra Juan Orlando Hernández. Los nombres de Tony Hernández y “JOH” (el acrónimo del expresidente) aparecen en estas libretas, lo que sugiere una amplia red de corrupción que involucra a figuras políticas de alto nivel[4].
Crisis Institucional y Humanitaria
Honduras enfrenta una crisis institucional y humanitaria profunda, exacerbada por la penetración del narcotráfico en la institucionalidad del país. La financiación de campañas electorales y el soborno a políticos son prácticas comunes, lo que ha erosionado la confianza en las instituciones y ha debilitado el Estado de derecho. La situación se complica aún más por desastres naturales, la pandemia de COVID-19 y la reanudación de las caravanas de migrantes, lo que ha agudizado la crisis humanitaria en el país[3][5].
La misión de los fiscales hondureños a Estados Unidos es un paso crucial en la lucha contra esta corrupción sistémica y el narcotráfico. Al recopilar y analizar la información disponible, las autoridades hondureñas buscan restaurar la integridad de sus instituciones y garantizar que el dinero proveniente de actividades ilícitas no continúe influir en la política del país. Este esfuerzo es esencial para abordar las raíces de la crisis y trabajar hacia una sociedad más justa y transparente.