Justicia por el asesinato del ambientalista hondureño Juan López
El 14 de septiembre de 2024, el defensor ambiental y de derechos humanos Juan López fue asesinado a tiros por un grupo de sujetos armados no identificados en Tocoa, departamento de Colón, Honduras. Este trágico evento ha generado una ola de condenas y exigencias de justicia por parte de organizaciones internacionales y locales.
Contexto y Labor de Juan López
Juan López era un destacado defensor ambiental y coordinador del Comité Municipal de Bienes Comunes y Públicos (CMDBCP) en Tocoa. Desde su rol, promovió incansablemente la defensa de los ríos Guapinol y San Pedro, así como del Parque Nacional Montaña de Botaderos “Carlos Escaleras Mejía”. Su labor se centró en combatir los efectos negativos de las actividades mineras y extractivas en estos ecosistemas, particularmente en oposición al megaproyecto extractivo de EMCO Holdings/Los Pinares/Ecotek[1][2][3].
El Asesinato
El asesinato de Juan López ocurrió mientras salía de la iglesia de la colonia Fabio Ochoa en Tocoa, en su automóvil. Fue acribillado por personas no identificadas, lo que ha sido condenado ampliamente por la comunidad internacional. Este crimen no es un hecho aislado; forma parte de una larga lista de asesinatos de personas defensoras de la tierra en Honduras. En 2023, otros defensores como Jairo Bonilla Ayala y Aly Magdaleno Domínguez Ramos también fueron asesinados en circunstancias similares[2][3].
Amenazas y Persecución Previa
Juan López había recibido anteriormente amenazas de muerte, seguimientos, hostigamientos y otros ataques violentos debido a su activismo. A pesar de ser beneficiario de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desde 2023, junto a otros integrantes del CMDBCP, estas medidas no fueron implementadas efectivamente por el Estado hondureño. La falta de protección adecuada puso en riesgo constante a Juan López y a otros defensores ambientales[1][2][3].
Reacciones y Exigencias
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), expertos independientes de las Naciones Unidas, y embajadores de la Unión Europea, España, Alemania y Francia en Honduras han condenado enérgicamente el asesinato de Juan López. Han hecho un llamado a las autoridades hondureñas para que realicen una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial sobre el caso y garanticen la protección de las personas defensoras de derechos humanos en el país[1][2][3].
- Investigación Inmediata: Se exige una investigación exhaustiva y independiente para identificar a los responsables del asesinato y llevarlos ante la justicia.
- Protección Inmediata: Se insta a implementar medidas de protección efectivas para las personas defensoras de derechos humanos, especialmente aquellas dictadas por la CIDH.
- Cese de la Persecución: Se pide el fin de la persecución y criminalización de las personas defensoras del medio ambiente.
- Cancelación del Megaproyecto: Se solicita la cancelación inmediata del megaproyecto extractivo de EMCO Holdings/Los Pinares/Ecotek y la implementación del Decreto 18-2024, que protege las áreas protegidas de Honduras de la minería[2][3].
Implicaciones y Contexto Mayor
El asesinato de Juan López refleja el nivel de violencia e impunidad con el que operan las redes criminales vinculadas a sectores empresariales y políticos corruptos en Honduras. En 2023, 18 activistas ambientales fueron asesinados en el país, y las investigaciones sobre estos crímenes han sido marcadas por irregularidades y una falta de avances significativos en la búsqueda de justicia[2].
La Corte Segunda de Apelaciones de La Ceiba revocó el sobreseimiento definitivo de cinco defensores del “Caso Guapinol”, incluyendo a Juan López, solo cinco días después de su asesinato. Este acto reactivó el proceso de criminalización contra estos defensores, exacerbando el clima de persecución y riesgo que enfrentan aquellos que se oponen a los megaproyectos extractivistas[2].
Llamado a la Acción
Organizaciones como Front Line Defenders, la Coordinadora de ONGD de Euskadi, y el Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos han expresado su solidaridad con la familia de Juan López y con sus compañeros del CMDBCP. Han instado a las autoridades hondureñas a adoptar medidas inmediatas para garantizar la seguridad física y psicológica de las personas defensoras de derechos humanos y a cumplir con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.
- Seguridad Física y Psicológica: Garantizar la seguridad de las personas defensoras de derechos humanos, incluyendo a los integrantes del CMDBCP, la familia de Juan López y los testigos del asesinato.
- Investigación y Justicia: Realizar una investigación inmediata, independiente y exhaustiva para identificar y sancionar a los responsables del asesinato.
- Implementación de Medidas Cautelares: Cumplir con la implementación efectiva de las medidas cautelares dictadas por la CIDH.
- Protección de Áreas Protegidas: Implementar el Decreto 18-2024 para proteger las áreas protegidas de Honduras de la minería y cancelar el megaproyecto extractivo de EMCO Holdings/Los Pinares/Ecotek[1][2][3].
