Exoficiales se entregan tras muerte de Isy Obed Murillo
En un desarrollo significativo en el caso de la muerte de Isy Obed Murillo, un joven de 19 años asesinado durante las manifestaciones contra el golpe de Estado en Honduras en 2009, varios exoficiales militares han sido remitidos a la Penitenciaría Nacional de Támara para enfrentar los cargos relacionados con su muerte.
Detalles del Caso
Isy Obed Murillo perdió la vida el 5 de julio de 2009, cuando miles de hondureños se congregaron en las inmediaciones del Aeropuerto Toncontín de Tegucigalpa para apoyar el regreso del expresidente Manuel Zelaya, quien había sido derrocado el 28 de junio de ese mismo año. Durante las manifestaciones, Murillo recibió un disparo de bala de fusil M16 en la cabeza por parte de miembros del ejército, lo que resultó en su muerte inmediata[2][4].
Exoficiales Implicados
Tres exaltos mandos militares, incluyendo al exjefe del Estado Mayor Conjunto, Romeo Vásquez Velásquez, el exsubjefe Venancio Cervantes Suazo, y el excomandante del Comando de Operaciones Especiales, Carlos Roberto Puerto Fúnez, han sido dictaminados con arresto domiciliario por el homicidio simple de Isy Obed Murillo y la tentativa de homicidio de Alex Roberto Zavala, otro manifestante herido durante los eventos[2][4].
Acciones Judiciales
El Ministerio Público ha presentado 14 medios de prueba en la audiencia inicial, que incluyen el dictamen de la autopsia de Isy Obed Murillo, un dictamen balístico de los hechos, y la certificación de los nombramientos de los tres militares en condición de retiro. Además, se han presentado cuatro testigos y tres peritos para sustentar los cargos contra los exmilitares[4].
La Fiscalía Especial de Derechos Humanos (FEDH) sostiene que las acciones de los militares fueron brutalmente desproporcionadas, ya que dispararon de manera indiscriminada con fusiles de alto poder y grueso calibre contra ciudadanos que ejercían su derecho a manifestarse pacíficamente. Estas acciones resultaron en muertes y graves lesiones, y no fueron actos aislados, sino crímenes ejecutados bajo órdenes directas de los altos mandos militares[2][4].
Repercusiones y Reacciones
El caso ha reabierto heridas en una Honduras que sigue militarizada pese a las promesas de campaña del actual gobierno. La familia del general Romeo Vásquez Velásquez ha expresado que la culpa del asesinato de Isy Obed Murillo no debería recaer en estos exmilitares, pero el informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) publicado en julio de 2011 apunta a la responsabilidad individual de los jefes y miembros del Estado Mayor Conjunto por ser quienes estuvieron al mando y giraron las instrucciones durante la crisis política de 2009[4].
Las víctimas y sus familias claman por justicia, mientras que un sector opositor al gobierno y figuras vinculadas al golpe de Estado consideran esta acción como una persecución política contra Romeo Vásquez Velásquez y otros exmilitares involucrados[4].
Contexto Histórico
El golpe de Estado de 2009 desencadenó una crisis sin precedentes en Honduras, con manifestaciones y represión violenta por parte de las Fuerzas Armadas. La muerte de Isy Obed Murillo es uno de los casos más emblemáticos de esta época, y su investigación y procesamiento judicial son vistos como un paso crucial hacia la justicia y la reconciliación en el país[2][4].
La remisión de los exoficiales a la Penitenciaría Nacional de Támara marca un avance significativo en la búsqueda de responsabilidad y justicia por los crímenes cometidos durante ese período, y refleja el compromiso del actual gobierno de Honduras de abordar los abusos del pasado y garantizar que aquellos responsables rindan cuentas por sus acciones.
