Partido Nacional Acusa a Libre de Narco-Terrorismo en Honduras
En un escenario político cada vez más tenso en Honduras, el Partido Nacional ha lanzado fuertes acusaciones contra el gobierno del Partido Libre, tildándolo de tener vínculos con el narco-terrorismo. Estas acusaciones llegan en un momento en que varios miembros del Partido Nacional enfrentan condenas por narcotráfico, lo que agudiza la complejidad y la hipocresía en el panorama político hondureño.
Acusaciones y Evidencias
Las acusaciones del Partido Nacional se basan en una serie de revelaciones y testimonios que han salido a la luz en los últimos meses. Uno de los puntos clave es el testimonio de Devis Rivera Maradiaga, alias “El Cachiro,” un narcotraficante que ha admitido entregar videos a la DEA donde aparecen políticos hondureños, incluidos miembros del Partido Libre, involucrados en actividades ilícitas[1].
En el juicio que concluyó con la condena de Juan Orlando Hernández, ex presidente de Honduras por el Partido Nacional, “El Cachiro” testificó que entregó grabaciones a la DEA que mostraban reuniones entre narcotraficantes y políticos. En una de estas reuniones, se ve a Carlos Zelaya, hermano del ex presidente Mel Zelaya y miembro del Partido Libre, negociando la aportación de fondos para la campaña política a cambio de favores políticos. Según “El Cachiro,” Carlos Zelaya recibió entre $100,000 y $200,000 dólares de los narcotraficantes[1].
Implicaciones Políticas
Estas revelaciones no solo comprometen a individuos específicos, sino que también ponen en entredicho la integridad del sistema político hondureño. El Partido Nacional, a pesar de sus propias luchas con la corrupción y el narcotráfico, ha sido vocal en sus críticas hacia el Partido Libre. Sin embargo, es importante recordar que figuras prominentes del Partido Nacional, como Juan Orlando Hernández, han sido condenadas por narcotráfico y otros delitos relacionados con el crimen organizado[2].
La presidenta Xiomara Castro, del Partido Libre, ha anunciado la denuncia del Tratado de Extradición con Estados Unidos, argumentando conspiraciones golpistas contra su gobierno. Este movimiento ha generado más tensión en un escenario político ya fracturado[1].
Historia de Narcopolítica en Honduras
La narcopolítica en Honduras no es un fenómeno reciente. La región ha sido un cruce crucial para el tráfico de drogas desde la época de la Guerra de los Contras en Nicaragua, cuando Honduras sirvió como un punto de apoyo para las intervenciones de la Guerra Fría de los Estados Unidos. Esta relación histórica ha fortalecido las alianzas corruptas entre narcotraficantes y políticos hondureños[2].
Figuras como Juan Ramón Matta Ballesteros, quien vinculó a proveedores de drogas colombianos con organizaciones mexicanas y tenía conexiones con la CIA, ilustran cómo las redes de narcotráfico se han entrelazado con la política y las fuerzas armadas en Honduras. La ayuda militar y de seguridad de Estados Unidos, aunque destinada a combatir el narcotráfico, ha a menudo reforzado el poder de las narcoélites corruptas[2].
Consecuencias y Desafíos
Las acusaciones del Partido Nacional y las revelaciones de corrupción tienen profundas implicaciones para la gobernanza y la democracia en Honduras. La narco-inversión en política ha socavado la efectividad del gobierno y ha enriquecido a benefactores políticos corruptos. Se estima que hasta el 90% de los fondos de campaña provienen de fuentes ilícitas, lo que perpetúa un ciclo de corrupción y violencia[2].
La violencia selectiva contra miembros de la resistencia al golpe de 2009 y los izquierdistas, así como contra comunidades marginadas y activistas, ha sido letal. La ayuda de seguridad estadounidense, en lugar de reducir el tráfico de drogas, ha exacerbado la violencia y apoyado a fuerzas de seguridad implicadas en actos de violencia contra civiles[2].
Futuro y Responsabilidad
A medida que Honduras navega por este complejo y peligroso panorama político, es crucial que se aborden las raíces profundas de la narcopolítica. La responsabilidad no recae solo en los políticos hondureños, sino también en las políticas y acciones de Estados Unidos que han contribuido al fomento de este narcoestado.
Es necesario un enfoque integral que incluya la rendición de cuentas, la reforma del sistema político y la revisión de las políticas de seguridad y extradición. Solo mediante un esfuerzo conjunto y una voluntad política genuina se puede comenzar a desmantelar las redes de corrupción y narcotráfico que han asolado a Honduras durante décadas.
