Honduras Prorroga Estado de Excepción para Combatir la Violencia
El gobierno de Honduras, liderado por la Presidenta Xiomara Castro, ha decidido prorrogar el estado de excepción por 45 días adicionales, hasta el 19 de febrero de 2025, como parte de sus esfuerzos para reducir la violencia y el crimen en el país. Esta medida, que se encuentra en vigor desde el 6 de diciembre de 2022, ha sido extendida varias veces con el objetivo de intensificar la lucha contra la criminalidad y las pandillas.
Medida de Seguridad y Resultados
La extensión del estado de excepción se aplicará en 226 de los 298 municipios de Honduras, según el Decreto Ejecutivo PCM-03-2025 publicado en el Diario Oficial La Gaceta de la República de Honduras. Esta medida permite a las fuerzas de seguridad, encabezadas por la Policía Nacional, realizar operaciones de seguridad sin necesidad de órdenes judiciales para efectuar arrestos y allanamientos[2].
Desde su implementación, las autoridades han logrado significativos resultados en la lucha contra el crimen. Se han realizado más de 43,000 allanamientos exitosos, lo que ha llevado a la detención de 4,774 personas por extorsión y delitos conexos. Además, se ha desmantelado cerca de 1,000 bandas criminales y se han confiscado importantes cantidades de drogas y armas de fuego de diversos calibres[2].
Detalles de las Operaciones
- Detenciones y Desmantelamiento de Bandas Criminales: Se han detenido más de 4,774 personas y desmantelado cerca de 1,000 bandas criminales.
- Incautación de Armas y Drogas: Se han decomisado 8,300 armas de fuego, 4,751 kilos de cocaína y 740 kilogramos de fentanilo.
- Extradiciones: Se han capturado 46 ciudadanos hondureños con fines de extradición por delitos de narcotráfico y criminalidad organizada en el extranjero[2].
Impacto en la Tasa de Homicidios
La implementación del estado de excepción ha contribuido a una reducción significativa en la tasa de homicidios en Honduras. El país cerró el 2024 con una tasa de homicidios de 26.8 por cada 100,000 habitantes, la más baja registrada en las últimas dos décadas[2].
Críticas y Preocupaciones sobre Derechos Humanos
A pesar de los resultados positivos en la reducción de la criminalidad, el estado de excepción ha sido criticado por various organizaciones internacionales y locales por sus implicaciones en los derechos humanos. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas en Honduras (OACNUH) ha expresado preocupación por presuntas violaciones a los derechos humanos cometidas en el marco de la implementación de esta medida. La jefa de la oficina, Isabel Albaladejo, ha señalado la falta de justificación para la prolongación del estado de excepción y la ausencia de controles judiciales adecuados[1].
La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) también ha cuestionado la medida, argumentando que limitar derechos constitucionales y recurrir al despliegue masivo de las fuerzas de seguridad no son respuestas sostenibles que aborden las causas estructurales del problema. WOLA ha destacado el riesgo de detenciones arbitrarias y abusos de autoridad, especialmente en la población más vulnerable como las mujeres y los pueblos indígenas y garífunas[5].
Compromiso con los Derechos Humanos
Las autoridades de seguridad en Honduras han reiterado su compromiso con el respeto a los derechos humanos, asegurando que se salvaguarde la integridad de las personas detenidas bajo esta normativa. Sin embargo, la continuidad de las críticas y preocupaciones sobre el trato a los detenidos y la falta de transparencia en las operaciones de seguridad sigue siendo un tema delicado[2].
En resumen, la prorroga del estado de excepción en Honduras refleja el esfuerzo del gobierno por abordar la violencia y el crimen, pero también subraya la necesidad de un equilibrio entre la seguridad pública y el respeto a los derechos humanos. La efectividad a largo plazo de esta medida dependerá de cómo se manejen estos aspectos críticos.
