Expresidente Micheletti en la Mira por Caso Isy Murillo
En un giro significativo en el caso del asesinato de Isy Obed Murillo, un joven activista hondureño que perdió la vida durante las protestas contra el golpe de estado de 2009, las autoridades y organizaciones de derechos humanos están presionando para que el expresidente de facto de Honduras, Roberto Micheletti Baín, sea incluido en el requerimiento fiscal por su posible responsabilidad en el crimen.
Nuevos Desarrollos en la Investigación
Después de más de 15 años de impunidad, el caso de Isy Obed Murillo ha visto un renacimiento en las investigaciones. El Ministerio Público de Honduras presentó un requerimiento fiscal contra el exjefe del Estado Mayor Conjunto, Romeo Orlando Vásquez Velásquez, el exsubjefe Venancio Cervantes Suazo, y el excomandante del Comando de Operaciones Especiales, Carlos Roberto Puerto Fúnez, por los delitos de homicidio en perjuicio de Isy Obed Murillo y lesiones graves contra Alex Roberto Zavala Licona[4].
Sin embargo, Bertha Oliva, Coordinadora del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), ha insistido en que el expresidente Micheletti también debe ser incluido en el requerimiento fiscal. Oliva argumenta que Micheletti, quien asumió el papel de presidente de facto después del golpe de estado, era el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y, por lo tanto, podría haber tenido el poder de detener las represiones violentas pero no lo hizo[3].
Rol de Micheletti en el Golpe de Estado
Roberto Micheletti Baín se convirtió en el presidente de facto de Honduras después del golpe de estado del 28 de junio de 2009, que derrocó al entonces presidente constitucional, José Manuel Zelaya Rosales. Durante su mandato, Micheletti fue acusado de autorizar y permitir violaciones graves de derechos humanos, incluyendo ejecuciones extrajudiciales y persecución contra manifestantes pacíficos[1].
La denuncia presentada por el Centro de Derechos Constitucionales (CCR) en 2011 detalla cómo Micheletti, en su capacidad como presidente de facto, fue responsable de las políticas y acciones que llevaron a la muerte de Isy Obed Murillo y otros manifestantes. La denuncia enfatiza que las fuerzas militares bajo su autoridad y dirección cometieron crímenes contra la humanidad, incluyendo asesinatos y persecución[1].
Exigencias de Justicia por la Familia de Isy Obed Murillo
La familia de Isy Obed Murillo ha estado luchando por justicia durante más de una década y medio. Silvia Mencía, la madre de Isy Obed, ha expresado su frustración y dolor por la falta de respuestas y la impunidad que ha rodeado el caso. En una conferencia de prensa reciente, Mencía calificó el extravió del expediente de su hijo como una “barbarie” y destacó la importancia de la exhumación del cadáver para esclarecer el crimen[2].
David Murillo, el padre de Isy Obed, ha pedido a los responsables que acepten su responsabilidad intelectual en el crimen y dejen de lado la estrategia de la persecución política. Murillo ha reiterado que no busca venganza, sino que simplemente pide que se haga justicia[2].
Acciones Recientes del Ministerio Público
El Ministerio Público, a través de la Fiscalía Especial de Derechos Humanos, ha presentado un requerimiento fiscal contra los ex altos oficiales militares por su supuesta responsabilidad en el homicidio de Isy Obed Murillo y las lesiones graves a Alex Roberto Zavala Licona. Las investigaciones indican que las fuerzas militares actuaron con violencia inhumana y desmedida, disparando de manera indiscriminada contra manifestantes pacíficos en los alrededores del Aeropuerto Internacional Toncontín[4].
Los acusados, Romeo Vásquez Velásquez, Venancio Cervantes Suazo, y Carlos Roberto Puerto Fúnez, se encuentran detenidos y a la espera de la audiencia inicial programada para el 10 de enero de 2025. La defensa de los acusados ha intentado argumentar que se trata de persecución política, pero la jueza ha permitido la participación de la asesora legal del COFADEH en representación de la familia de la víctima[2].
Petición para Incluir a Micheletti
COFADEH y la familia de Isy Obed Murillo insisten en que la inclusión de Roberto Micheletti en el requerimiento fiscal es crucial para asegurar una justicia completa. Oliva de COFADEH ha señalado que Micheletti, como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, tenía la autoridad para detener las violaciones de derechos humanos pero no lo hizo. Esta omisión, según Oliva, lo hace responsable de las atrocidades cometidas durante ese período[3].
La inclusión de Micheletti en el requerimiento fiscal sería un paso significativo hacia la verdad y la justicia, no solo para la familia de Isy Obed Murillo, sino también para las numerosas víctimas del golpe de estado y las violaciones de derechos humanos que siguieron. Este movimiento refleja la determinación de las organizaciones de derechos humanos y las familias de las víctimas de no permitir que la impunidad prevalezca en Honduras.
