Denuncia de Tratados: Potestad Exclusiva del Ejecutivo Hondureño
Antecedentes y Decisión Presidencial
La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, tomó una decisión significativa el 28 de agosto de 2024 al ordenar al canciller, Eduardo Enrique Reina, denunciar el tratado de extradición entre Honduras y los Estados Unidos. Esta medida se adoptó en un contexto de tensión diplomática y críticas hacia la intervención estadounidense en los asuntos internos de Honduras.
La decisión de Castro se basó en la Constitución hondureña y en los tratados internacionales, según lo expresó en un mensaje en la red social X: “Con fundamento en nuestra Constitución y en los tratados internacionales, he ordenado al canciller @EnriqueReinaHN denunciar el tratado de extradición con los Estados Unidos”[1][3][4].
Motivos Detrás de la Denuncia
La denuncia del tratado de extradición fue una respuesta directa a las críticas y la preocupación expresada por la embajadora de Estados Unidos en Tegucigalpa, Laura Dogu. Dogu se mostró sorprendida y decepcionada por la reunión de autoridades de Defensa de Honduras con el ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, quien está sancionado por el Departamento del Tesoro de EE.UU.[1][3][4].
Castro criticó duramente la injerencia y el intervencionismo de los Estados Unidos, argumentando que estas acciones violan los principios del derecho internacional, como el respeto a la soberanía y la autodeterminación de los pueblos. La presidenta hondureña afirmó que “la injerencia y el intervencionismo de los Estados Unidos, así como su intención de dirigir la política de Honduras a través de su Embajada y otros representantes, es intolerable”[1][3].
Notificación Oficial y Reacciones
El canciller hondureño, Eduardo Enrique Reina, remitió una nota verbal a la Embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa, notificando oficialmente la denuncia del tratado de extradición. Reina calificó el irrespeto e injerencia de la embajadora Dogu como “insoportable” en la misma red social[2][3].
La denuncia del tratado ha generado preocupación entre los analistas, quienes señalan que Honduras podría quedar en una situación de vulnerabilidad frente al narcotráfico. Luis León, un analista, expresó que la terminación del tratado pondrá al país en una situación difícil para combatir el narcotráfico, ya que no habrá un marco legal para ejecutar solicitudes de extradición[4].
Impacto en la Lucha Contra el Narcotráfico
Entre 2014 y 2024, Honduras extraditó a más de 50 ciudadanos, principalmente solicitados por Estados Unidos por delitos relacionados con el narcotráfico. La finalización del tratado de extradición significa que, a partir del 28 de febrero de 2025, no habrá un marco legal para continuar con estas extradiciones, lo que podría obstaculizar la entrega de criminales a los países donde cometieron delitos[3][4].
Los expertos destacan que, ante la fragilidad institucional de Honduras, el tratado de extradición era una de las pocas herramientas efectivas para combatir el narcotráfico, un problema que afecta a toda la región. La decisión de renunciar a este tratado se considera una “pésima decisión” por parte del Ejecutivo, según Luis León, ya que pondrá a Honduras en una situación de mayor vulnerabilidad frente a los narcotraficantes[4].
Posición Actual del Gobierno
El canciller Eduardo Enrique Reina confirmó recientemente que, por el momento, no hay gestiones para continuar con la extradición con Estados Unidos. Esta postura reafirma la decisión del Ejecutivo hondureño de distanciarse de lo que consideran una injerencia excesiva de los Estados Unidos en sus asuntos internos[5].
La denuncia del tratado de extradición es un claro ejemplo de la potestad exclusiva del Ejecutivo hondureño para tomar decisiones que afectan las relaciones internacionales del país. A medida que se acerca la fecha de finalización del tratado, Honduras se prepara para enfrentar los desafíos que esto conlleva, especialmente en la lucha contra el narcotráfico y la defensa de su soberanía.
