CONADEH Exige Plan de Contingencia por Deportaciones en Honduras
En el marco de los anunciados cambios en las políticas migratorias para el 2025, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) de Honduras ha emitido una alerta sobre los significativos desafíos que enfrentará el país y la región debido a las masivas deportaciones de personas migrantes, principalmente procedentes de los Estados Unidos.
Impacto de las Deportaciones
La coordinadora de la Defensoría de Movilidad Humana del CONADEH, Elsy Reyes, ha calificado de “altamente preocupante” los datos proporcionados por la Oficina de Protección de Frontera de los Estados Unidos. Estos datos indican que el número más alto de personas con órdenes de deportación corresponde a ciudadanos hondureños, con un total de aproximadamente 261,651 individuos. Este número supera significativamente a los de otras nacionalidades, como guatemaltecos (253,413), mexicanos (252,044), salvadoreños (203,822) y nicaragüenses (45,996)[1][2].
Datos Estadísticos y Dinámica Migratoria
Entre enero y octubre de 2024, Honduras ha sido un punto de tránsito para alrededor de 341,737 personas procedentes de más de un centenar de países de África, Asia, Europa, el Caribe, Centro y Suramérica. Los principales grupos migratorios que pasaron por Honduras durante este período provienen de Venezuela (173,767), Cuba (53,921), Ecuador (17,443), Haití (16,823) y Colombia (15,674). Esta dinámica incluye un significativo número de menores, con al menos 39,382 niñas y 48,794 niños, además de 90,155 mujeres y 163,406 hombres[1][2].
Desafíos para la Reintegración
La experta Elsy Reyes ha enfatizado la importancia de que los Estados preparen planes de contingencia para atender a las poblaciones que van a retornar. “Es crucial conocer cómo los Estados van a apoyar a estas personas para que logren su reintegración, qué acompañamiento y asesoría les van a dar para que no se vean obligadas a tomar nuevamente una ruta migratoria plagada de peligros, poniendo en riesgo su integridad y su vida”[1][2].
En los primeros diez meses del 2024, unos 31,398 hondureños fueron deportados y retornados al país, principalmente desde los Estados Unidos (19,413), Guatemala (5,962), México (5,408) y España (258). De este total, 16,626 son hombres, 6,040 mujeres, 4,864 niños y 3,863 niñas. Este retorno masivo plantea desafíos significativos para la reintegración social y económica de estos individuos, especialmente aquellos que ya habían establecido familias y vidas en los Estados Unidos[1][2].
Trabajo en las Causas Estructurales
Reyes también destacó la necesidad de abordar las causas estructurales que generan la migración, como la pobreza, el desempleo, la falta de acceso a una vivienda digna, la salud, la educación y los efectos del cambio climático y los desastres naturales. “Es importante trabajar en una política integral en el tema del desplazamiento producto de estos factores, que también tienen repercusiones en la migración de personas”[1][2].
Protección Diferenciada e Individualizada
Desde el CONADEH se reconoce que las personas migrantes requieren de protección diferenciada e individualizada en todas las etapas del desplazamiento internacional. Esto incluye a aquellos que migran por razones humanitarias, económicas, solicitantes de asilo, refugiados, apátridas, víctimas de trata, personas LGTBI, indígenas y todas las personas que requieren de protección internacional[1][2].
El Proyecto 2025 y sus Implicaciones
El cambio de políticas migratorias está en línea con el “Proyecto 2025” propuesto por la Fundación Heritage, que busca acelerar la expulsión de extranjeros con o sin papeles de estadía legal en los Estados Unidos. Este plan incluye modificar o eliminar reglamentos vigentes, priorizar la seguridad fronteriza y la aplicación de la ley de inmigración, y cancelar beneficios de inmigración como el asilo y el estatus de protección temporal. Estas medidas podrían exacerbate los desafíos para los hondureños y otros migrantes que enfrentan deportaciones masivas[3].
Urgencia de una Respuesta Integral
Ante este escenario, el CONADEH urge al Estado hondureño a implementar un plan de contingencia que aborde de manera integral los desafíos derivados de las masivas deportaciones. Esto incluye la preparación de infraestructura, servicios de asesoría y apoyo social, y políticas que faciliten la reintegración de los retornados. La protección de los derechos humanos y la atención a las necesidades específicas de cada grupo migratorio son fundamentales para mitigar el impacto negativo de estas deportaciones.
