Milei Nombrará Dos Jueces de la Corte Suprema por Decreto
En un movimiento que ha generado significativa polémica y debate en el ámbito político y judicial argentino, el presidente Javier Milei anunció su decisión de nombrar por decreto a dos nuevos jueces para la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Esta decisión se produce después de que las gestiones para obtener el acuerdo del Senado para los nombramientos de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla no avanzaran como se esperaba.
Contexto y Antecedentes
La Corte Suprema de Argentina se encontraba funcionando con solo tres jueces desde la jubilación de dos de sus integrantes en diciembre de 2024. Esta situación había creado un vacío que afectaba el normal funcionamiento del máximo tribunal judicial del país. Los nombramientos de Lijo y García Mansilla fueron propuestos por el gobierno hace varios meses, pero el Senado no había logrado aprobar ni rechazar estos pliegos debido a la falta de consenso.
Los Nuevos Jueces
- Ariel Lijo: Un juez federal conocido por su postura altamente politizada y por mover causas judiciales en consonancia con la temperatura política del momento. Su nominación ha generado un amplio rechazo entre sus colegas de la profesión, quienes lo critican por su enfoque partidista en la justicia.
- Manuel García Mansilla: Un respetado catedrático de Derecho Constitucional, que comparte con Milei varias posiciones, incluida la restricción del aborto. A diferencia de Lijo, García Mansilla es visto con más respeto dentro de la comunidad académica y judicial.
Proceso de Nombramiento
El presidente Milei optó por la vía del decreto mientras el Congreso se encontraba en receso. Según el artículo 99 inciso 19 de la Constitución Nacional, el Poder Ejecutivo puede llenar las vacantes que requieren el acuerdo del Senado durante su receso mediante nombramientos en comisión, los cuales expirarán al fin de la próxima Legislatura[4].
Reacciones y Críticas
La decisión de Milei ha sido severamente criticada por la oposición y various sectores de la sociedad. Elisa Carrió, una figura prominente de la oposición y convencional constituyente en 1994, calificó la medida como “un verdadero horror” desde el punto de vista institucional y republicano. También criticó duramente a Lijo, describiendo su nombramiento como “un escándalo de corrupción de magnitud nacional e internacional”[2].
La organización Human Rights Watch (HRW) se unió a las críticas, calificando el nombramiento por decreto de Lijo y García Mansilla como “uno de los ataques más graves contra la independencia de la Corte Suprema en Argentina desde el retorno de la democracia”. HRW llamó a las instituciones argentinas a “frenar el atropello” y a no permitir que el presidente evadiera los mecanismos institucionales simplemente porque no logró los votos necesarios en el Senado[2].
Implicaciones y Futuro
Los nombramientos de Lijo y García Mansilla serán efectivos hasta el fin del próximo período legislativo, lo que significa que su permanencia en la Corte Suprema dependerá de la ratificación del Senado en el futuro. Si el Senado no ratifica a estos jueces, su paso por la Corte será breve. El gobierno sostiene que ambos jueces tienen su sitio asegurado en la Corte hasta el 28 de febrero de 2026 sin necesidad de ser ratificados por el Senado[4].
El peronismo, que cuenta con 34 de las 72 bancas en el Senado, ya ha adelantado que sus senadores harían caer los pliegos de Lijo y García-Mansilla si el gobierno los nombraba por decreto. El PRO, el partido del ex presidente Mauricio Macri, también expresará su rechazo a la decisión del presidente en una reunión de urgencia[2].
Impacto en la Corte Suprema
Con la llegada de Lijo y García Mansilla, la Corte Suprema de Justicia de la Nación estará integrada solo por hombres, lo que ha sido otro punto de crítica dado el contexto de diversidad y representación que se busca en los órganos judiciales. La Corte Suprema argentina está compuesta por cinco jueces, y estos nombramientos buscan normalizar el funcionamiento del tribunal, que no podía operar con normalidad con solo tres ministros[4].
En resumen, la decisión de Milei de nombrar a Lijo y García Mansilla por decreto ha abierto un debate intenso sobre la independencia judicial, el respeto a los mecanismos institucionales y la representación en la Corte Suprema. Este desarrollo tendrá implicaciones significativas para el futuro del sistema judicial argentino y para la percepción pública de la independencia y el funcionamiento de la justicia en el país.
