Juez estadounidense frena intentos de desmantelar Usaid
En un giro significativo en la disputa sobre el futuro de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), un juez federal de los Estados Unidos ordenó el cese de los esfuerzos para desmantelar la agencia, considerando que la decisión de cerrarla de forma permanente es “probablemente inconstitucional”.
Decisión Judicial y Implicaciones
El magistrado Theodore Chuang, en su fallo del 18 de marzo, detalló que las acciones emprendidas por el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), dirigido por Elon Musk, para acabar con USAID de forma acelerada “probablemente violaron la Constitución estadounidense de múltiples maneras”. Esta decisión no solo perjudicó a los demandantes, sino también al interés público en general[2][4].
Chuang argumentó que la decisión del DOGE privó a los representantes electos por el Congreso de su autoridad constitucional para decidir el cierre de una agencia, incluyendo el momento y la manera en que se llevaría a cabo. Este punto es crucial, ya que la Constitución otorga al Congreso una significativa autoridad en la gestión y supervisión de las agencias federales[1][2].
Medidas Preliminares y Restauración de Accesos
Hasta que haya una resolución judicial definitiva, el juez ordenó a las partes involucradas tomar los pasos necesarios para garantizar una eventual vuelta a la sede del organismo. Chuang solicitó específicamente que se restaure el acceso de los trabajadores de USAID a correo electrónico, pagos, notificaciones de seguridad y otros sistemas electrónicos, con el fin de limitar el impacto del probable cierre inconstitucional[2][5].
Además, el juez prohibió a los empleados del DOGE participar en cualquier nueva reducción de plantilla o cese de contratos en la misma línea, asegurando así que no se continúen las acciones que podrían considerarse inconstitucionales.
Contexto y Demandas Legales
La demanda civil que llevó a esta decisión judicial fue presentada por trabajadores de USAID a los que se les cesó el contrato contra el DOGE y Elon Musk. Esta acción legal refleja la preocupación de los empleados afectados por el desmantelamiento abrupto de la agencia y sus programas[1][4].
El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, había anunciado el 10 de marzo que el Ejecutivo había cancelado oficialmente el 83% de los programas de USAID. El Gobierno está en consultas con el Congreso para transferir los aproximadamente 1.000 contratos restantes al Departamento de Estado, con el objetivo de administrarlos de manera más efectiva[1][2].
Autoridad y Reversibilidad
La decisión judicial de Chuang se dirige específicamente contra Musk y el personal del DOGE, considerando que no tenían la autoridad necesaria para tomar tales medidas. Sin embargo, el efecto de esta decisión podría verse revertido si alguien con la potestad adecuada dentro de la Administración de Donald Trump se pronuncia en la misma línea[1][2].
Este desarrollo judicial añade un capítulo más a la compleja y controvertida historia del intento de desmantelar USAID, una agencia crucial en la política exterior y de desarrollo internacional de los Estados Unidos. La batalla legal continúa, reflejando las tensiones entre las ramas ejecutiva y judicial del gobierno estadounidense.
