EEUU designa como terroristas a carteles mexicanos y Tren de Aragua
En un movimiento significativo y controvertido, el gobierno de los Estados Unidos, bajo la presidencia de Donald Trump, ha oficializado la designación de varios carteles mexicanos y la banda venezolana Tren de Aragua como organizaciones terroristas extranjeras. Esta decisión, firmada el 20 de enero del 2025, marca un nuevo capítulo en la lucha contra el crimen organizado y el tráfico de drogas en la región.
Implicaciones y Designaciones
La designación afecta a seis prominentes carteles mexicanos:
- Cártel de Sinaloa: Fundado en los años 1980 por Joaquín “El Chapo” Guzmán e Ismael “El Mayo” Zambada.
- Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG): Conocido por su violencia y expansión territorial.
- Cárteles Unidos: Una alianza de varios grupos criminales.
- Cártel del Noreste: Una fracción del antiguo Cártel de los Zetas.
- Cártel del Golfo (CDG): Fundado por Osiel Cárdenas Guillén.
- La Nueva Familia Michoacana: Un grupo que ha ganado notoriedad por su participación en el tráfico de drogas y otros delitos[2][3][4].
Además de los carteles mexicanos, la designación incluye a la Mara Salvatrucha (MS-13), una pandilla originaria de Los Ángeles pero con una fuerte presencia en Centroamérica, y la Tren de Aragua, una banda venezolana implicada en secuestros, tráfico de drogas, prostitución, extorsión y explotación ilegal de oro y trata de personas[2][3][4].
Razonamiento Detrás de la Designación
El gobierno de Trump argumenta que estas organizaciones representan una amenaza significativa a la seguridad nacional de los Estados Unidos. Según la Administración, estos grupos controlan gran parte del tráfico ilegal de drogas a través de la frontera sur de los Estados Unidos, utilizando campañas de asesinatos, terror, violaciones y fuerza bruta para extender su influencia. La designación se enfoca particularmente en su papel en la fabricación y distribución de fentanilo, un opioide sintético que ha causado una grave crisis de salud pública en Estados Unidos[2][3].
Consecuencias Legales y Financieras
La designación como organizaciones terroristas extranjeras otorga al gobierno estadounidense mayores herramientas para combatir a estos grupos. Las empresas que proporcionen “apoyo sustancial” a estas organizaciones podrían enfrentar sanciones penales y civiles, incluyendo la congelación o confiscación de propiedades y recursos líquidos. Esto es especialmente relevante para los bancos y instituciones financieras mexicanas, que deberán revisar y actualizar sus programas y políticas de cumplimiento para evitar riesgos legales y financieros[1][3][4].
Reacciones y Tensiones
La decisión ha generado tensiones significativas entre los gobiernos de Estados Unidos y México. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha expresado su oposición a la designación, argumentando que podría vulnerar la soberanía mexicana y que cualquier acción extraterritorial no sería aceptada. Sheinbaum también ha mencionado la posibilidad de expandir demandas contra los principales fabricantes de armas en Estados Unidos, dado que un porcentaje significativo de las armas incautadas a delincuentes en México provienen de Estados Unidos[3][4].
Impacto Económico y Social
La designación podría tener un impacto amplio en la economía y el comercio entre Estados Unidos y América Latina. Las empresas, bancos y compradores podrían temer posibles acusaciones por parte de las autoridades estadounidenses si realizan transacciones relacionadas con el mundo de los cárteles, lo que podría paralizar el comercio y afectar las importaciones de alimentos y otros productos. Además, la medida podría dañar las relaciones diplomáticas y comerciales entre los países involucrados[4].
Operaciones de Inteligencia
La CIA ha incrementado sus operaciones de inteligencia sobre el territorio mexicano para recabar más información sobre los cárteles. Aunque la presidenta Sheinbaum ha asegurado que estos operativos no son nuevos y han sido inflados en los medios de comunicación, la intensificación de estas actividades refleja la seriedad con la que el gobierno de Trump aborda este tema[3].
En resumen, la designación de estos grupos como organizaciones terroristas extranjeras marca un nuevo frente en la lucha contra el crimen organizado, pero también plantea desafíos significativos en términos de soberanía, economía y cooperación internacional.
